— Agencias 23/10/2026
Desde el regreso de Donald Trump al poder, México ha exigido esclarecer las muertes de connacionales en operativos y centros migratorios estadounidenses, con respuestas limitadas.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, al menos 18 mexicanos han muerto durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según las cifras del material proporcionado. Ante estos casos, el Gobierno mexicano ha presentado denuncias y realizado gestiones diplomáticas para esclarecer los fallecimientos y determinar posibles responsabilidades.
El caso de Emiliano Andrade reaviva las alertas sobre el ICE
Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, fue encontrado inconsciente el 17 de octubre en su celda del Centro de Procesamiento Río Grande, en Texas, donde permanecía detenido desde junio.
El mexicano llevaba décadas viviendo en Estados Unidos, tenía residencia permanente, era padre de tres hijos estadounidenses y trabajaba como contratista de pintura en Dallas.
De acuerdo con la información proporcionada, Andrade padecía diabetes e hipertensión y había manifestado dificultades para respirar y dolor en el pecho. Sus familiares sostienen que su salud se deterioró por la falta de atención médica adecuada.
Las causas de su muerte continúan bajo investigación. El caso se suma a los fallecimientos registrados durante operativos y detenciones migratorias en Estados Unidos, así como a las exigencias de familiares y autoridades mexicanas para esclarecer las circunstancias de cada deceso.
México presenta denuncias para esclarecer las muertes
El Gobierno mexicano ha recurrido a mecanismos diplomáticos y jurídicos para solicitar investigaciones sobre los fallecimientos de sus ciudadanos.
Según el texto de origen, México presentó 20 denuncias relacionadas con la muerte de 17 connacionales, de las cuales únicamente cuatro habían recibido respuesta al momento de elaborarse el reporte.
Las gestiones incluyen notas diplomáticas, solicitudes de investigación y asistencia legal para las familias. En el caso de Andrade Covarrubias, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció una nueva denuncia ante la fiscalía del condado de Webb y solicitó reuniones con autoridades migratorias estadounidenses.
El objetivo de estas acciones es obtener información sobre las circunstancias de las muertes, conocer los resultados de las investigaciones y determinar si existieron responsabilidades por parte de funcionarios o responsables de los centros de detención.
Centros privados concentran parte de los fallecimientos
Otro de los puntos señalados en el reporte es la operación de centros migratorios administrados por empresas privadas.
De acuerdo con los datos proporcionados, nueve de los primeros 14 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE se encontraban en instalaciones gestionadas por GEO Group y CoreCivic.
Entre los establecimientos mencionados está el centro de detención de Adelanto, California, operado por GEO Group, donde una jueza federal ordenó corregir deficiencias relacionadas con la atención médica, la alimentación y el acceso al agua potable.
En Tacoma, Washington, otro centro administrado por la misma empresa acumula, según el material original, más de 3 mil 500 quejas relacionadas con sus condiciones de detención.
Ante los señalamientos sobre las instalaciones y la protección de las personas detenidas, el Gobierno mexicano también ha anunciado acciones legales contra empresas responsables de algunos centros.
Estados Unidos evalúa un dispositivo militar para la frontera
La política migratoria estadounidense también ha generado cuestionamientos por la posible incorporación de tecnologías desarrolladas para aplicaciones militares al control fronterizo.
El texto de origen señala que el Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a realizar pruebas durante siete meses de un dispositivo conocido como rayo de calor, que utiliza ondas electromagnéticas para generar una intensa sensación térmica sobre la piel.
El sistema busca provocar que las personas se alejen del área donde se aplica. Aunque se clasifica como no letal, su utilización puede implicar riesgos físicos y requiere evaluar sus posibles efectos.
De acuerdo con la información proporcionada, por ahora se autorizaron pruebas para estudiar su posible uso en la frontera con México, no su aplicación contra migrantes.
La eventual incorporación de esta tecnología a las operaciones fronterizas abre interrogantes sobre sus efectos, las condiciones de uso y las garantías para proteger la integridad de las personas.
La política migratoria de Trump, bajo escrutinio
Los fallecimientos bajo custodia, las denuncias sobre las condiciones de detención y las nuevas tecnologías de control fronterizo forman parte del debate sobre las consecuencias de las medidas migratorias de la administración Trump.
A ello se suma un escenario político marcado por las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el 3 de noviembre, en las que se disputa el control del Congreso.
El material original también menciona el costo de vida, la incertidumbre económica y las controversias electorales como elementos del contexto político estadounidense. Sin embargo, estos asuntos requieren una verificación independiente para establecer su relación con la política migratoria.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas mantienen sus gestiones para obtener respuestas sobre los fallecimientos de connacionales y avanzar en las investigaciones correspondientes.
El esclarecimiento de las muertes, la atención a las familias y la revisión de las condiciones de detención permanecen entre los principales asuntos pendientes de la agenda bilateral en materia migratoria.
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