— Agencias 22/10/2026
La ONU advierte que la crisis de desapariciones en México continúa agravándose pese a las medidas institucionales y los mecanismos de búsqueda.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la impunidad por el delito de desaparición supera el 98% en México y los servicios forenses acumulan 72 mil cuerpos sin identificar. Su presidente, Juan Pablo Albán Alencastro, señaló que el aumento de casos, las agresiones contra familias buscadoras y la falta de resultados motivaron la intervención de mecanismos internacionales.
ONU alerta por aumento de desapariciones en México
Durante un foro organizado por la American University, a través del Washington College of Law, Juan Pablo Albán Alencastro explicó que la situación de las desapariciones en México se ha agravado en los últimos años.
Recordó que, durante la visita del Comité a México en noviembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba poco más de 96 mil personas. Para abril de 2025, cuando se decidió activar el procedimiento internacional, la cifra había superado los 131 mil registros.
En aproximadamente cuatro años se incorporaron más de 36 mil personas al registro. Al mismo tiempo, los cuerpos sin identificar en poder de los servicios forenses aumentaron de 52 mil a 72 mil.
Albán señaló que las amenazas, agresiones y ataques contra familiares de personas desaparecidas, particularmente madres buscadoras, también influyeron en la decisión de recurrir al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y remitir el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU.
ONU reconoce acciones de México, pero pide resultados
El presidente del Comité reconoció que México ha aprobado leyes, creado comisiones de búsqueda, establecido fiscalías especializadas y destinado recursos para proteger a personas buscadoras amenazadas.
Sin embargo, consideró que estas medidas no han sido suficientes para frenar la crisis.
“Era claro que la situación no había mejorado, sino que la situación se había agravado”, manifestó.
Albán también rechazó las críticas del Gobierno mexicano a la activación del artículo 34 y aseguró que el Comité escuchó a las autoridades, recibió información oficial y analizó las aportaciones de organizaciones civiles antes de tomar la decisión.
Subrayó que el organismo internacional tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Convención y proteger los derechos de las víctimas, no respaldar a los gobiernos.
Artículo 34 activa la supervisión internacional
Albán explicó que el procedimiento del artículo 34 representa el último escalón de los mecanismos de supervisión internacional contemplados en la Convención. Su aplicación responde a indicios fundados de desapariciones cometidas de manera generalizada o sistemática.
La decisión se tomó después de varios años de seguimiento a México, una visita al territorio nacional, el análisis de informes gubernamentales y observaciones del Comité, así como casi 800 acciones urgentes registradas hasta ese momento.
El especialista señaló que la presión internacional ha propiciado acuerdos de cooperación con Alemania, España, Países Bajos, el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
No obstante, aclaró que el Comité mantendrá la supervisión del caso mexicano y que ya solicitó información complementaria a las autoridades.
Comité pide aclarar localización de personas desaparecidas
El presidente del organismo cuestionó que las cifras gubernamentales sobre la localización de 16 mil personas sean suficientes para conocer los resultados de las búsquedas.
Explicó que, frente al reporte de 136 mil personas desaparecidas, las autoridades deben precisar quiénes fueron localizados, cuándo ocurrió, si sus familias recibieron información y cuáles fueron las circunstancias de cada caso.
De acuerdo con Albán, incluso considerando las localizaciones reportadas, alrededor de 120 mil personas permanecerían desaparecidas.
También mencionó el caso del Rancho Izaguirre como un ejemplo de la gravedad del problema y de la necesidad de investigar los patrones de actuación de las organizaciones involucradas.
Asimismo, expresó su inconformidad por la falta de coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la elaboración de su informe sobre las desapariciones en México.
Familias cuestionan confiabilidad del registro nacional
Durante el mismo encuentro, Guadalupe Fernández Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM), cuestionó la confiabilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La madre buscadora busca desde enero de 2009 a su hijo, el ingeniero José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Monclova, Coahuila.
Explicó que una de las principales exigencias de las familias es que el registro contenga información veraz y actualizada. Como ejemplo, relató que durante una revisión domiciliaria los servidores públicos preguntaron si su hijo había aparecido, pero llevaban el nombre de su esposo, José Antonio Robledo Chavarría, en lugar del de su hijo.
Aunque aclaró la confusión, denunció que ambos nombres continuaban apareciendo en el registro.
Por su parte, Michael Chamberlin, defensor de derechos humanos que ha acompañado a colectivos de familiares y el procedimiento del artículo 34, señaló que la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales y las fiscalías especializadas fue impulsada por la movilización de las familias.
Sin embargo, advirtió que la existencia de leyes, instituciones y protocolos no ha garantizado resultados suficientes.
Chamberlin sostuvo que los colectivos han recurrido a la presión internacional ante la persistencia de las desapariciones y la falta de avances, con el objetivo de impulsar medidas de prevención, combatir la impunidad y garantizar el derecho a la verdad.
Piden evaluar medidas contra la impunidad
Juan Méndez, exrelator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y profesor del Washington College of Law, afirmó que el caso mexicano requiere atención especial por la magnitud de las desapariciones y los vínculos entre organizaciones criminales y agentes estatales.
Consideró que la intervención de la Asamblea General puede contribuir a identificar las medidas que funcionan y aquellas que no han permitido combatir la impunidad.
Méndez advirtió que los acuerdos de cooperación y los cambios institucionales deben evaluarse para garantizar que produzcan resultados concretos y no se limiten a acciones superficiales.
Finalmente, Albán reiteró que la cooperación internacional no elimina las responsabilidades del Estado mexicano. El Comité continuará solicitando información, supervisando las investigaciones y promoviendo mecanismos para proteger los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
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