— Julio Alejandro Millán 20/10/2026
Durante décadas, el efectivo ha sido el medio natural de los hogares y de los comercios pequeños y su desplazamiento se ha vuelto prioridad en casi todas las agendas de modernización financiera. Como parte del Paquete Económico 2027 se envió al Congreso la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con el planteamiento de que digitalizar los pagos sea también una herramienta de seguridad y formalización. Una acción que sin duda es positiva para la modernización de la economía; la infraestructura ya existe, pero el efectivo sigue dominando las compras del día a día; el reto es cultural.
El punto más delicado de la legislación es su artículo 13, que deja en manos de la Secretaría de Hacienda definir qué sectores estratégicos deberán aceptar únicamente medios digitales, aun cuando los sistemas de pago son competencia del Banco de México, no de Hacienda. El documento no fija sectores ni criterios y los transitorios apenas dan 15 días hábiles para anunciarlos; la presidenta adelantó que empezará por gasolineras y casetas. Además, se le da gran importancia a la CURP Digital como mecanismo para contratar servicios financieros a distancia. Si bien no se elimina el efectivo de inmediato, sí traslada a Hacienda la decisión sobre qué negocios dejarán de recibirlo.
Esta transición se apoya en hábitos que el propio Estado sostiene. Según el INEGI, la proporción de adultos que paga en efectivo bajó de 91.6% a 86.7% entre 2021 y 2024, mientras que el uso de tarjeta subió de 17.6% a 21.2% y el de transferencias o pagos con celular pasó de 4.3% a 9.1%. No es casualidad que el rezago sea más de tradición cultural que tecnológico: la costumbre pesa más que la falta de herramientas. En los programas sociales, el Segundo Informe de Gobierno indica que entre septiembre de 2025 y junio de este año, 99.3% de los apoyos de 22 programas se entregó mediante una tarjeta. Sin embargo, el Banco del Bienestar, que emite esas tarjetas, a junio de 2026 reporta 10.2 millones de cuentas nuevas y sin ninguna terminal propia para cobrar en comercios según la CNBV. El banco ha pedido a sus beneficiarios no retirar todo el dinero, pues reconoce que los adultos mayores son quienes retiran la mayor parte; así, incluso los apoyos que nacen en tarjeta terminan en buena medida como billetes.
Para las empresas aceptar tarjeta resulta costoso: según BBVA Research, solo 13.5% de las microempresas la acepta y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 expone que apenas 10% de los micronegocios informales acepta débito y 6% crédito. Banxico por su parte, documenta que el comercio paga, en promedio, una comisión de 1.7% por cobro con débito y 2.2% con crédito. Por otro lado, la más reciente Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN 2024) señala que 16.3% de las empresas que no aceptan pago con tarjeta lo atribuye al costo.
Según la Condusef, se suele trasladar la comisión al cliente con recargos de 3% a 5%, práctica que Profeco considera ilegal. CoDi y los códigos QR basados en SPEI no cobran comisión al comercio y las autoridades ya consideran reducir las cuotas de intercambio entre bancos. Para las Pyme digitalizarse implica más tecnología y mayores gastos administrativos: organizar sus finanzas, con la facturación, la contabilidad y las declaraciones fiscales, absorbe tiempo y recursos cada mes. Por ello, el costo de aceptar tarjetas ayuda a explicar por qué muchos micronegocios siguen operando en efectivo.
La inclusión financiera avanza, pero la brecha está en el uso. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024) estima que 76.5% de las personas de 18 a 70 años tiene al menos un producto financiero formal, frente a 67.8% en 2021 y que 69.1% de los cuentahabientes usa aplicaciones móviles. Aun así, el Global Findex 2025 del Banco Mundial calcula que sólo 41% de los adultos mexicanos realizó o recibió pagos digitales, contra 59% en América Latina. Hoy la inclusión se mide más por el uso que por la posesión de una cuenta y es ahí donde falta más camino.
Otro cambio visible es CoDi. Desde su lanzamiento acumuló 21.5 millones de operaciones y cerró 2025 con 4.4 millones, una cifra todavía marginal frente al volumen del efectivo; sin embargo, en septiembre de 2026 registró jornadas de unas 15 mil operaciones diarias, por encima de su pico de 2025 según el SIE de Banxico. El Banco Central estableció a través de la Circular 10/2026 de junio que todas las aplicaciones bancarias del país deberán homologar su experiencia en las transferencias electrónicas a más tardar el 14 de diciembre de 2026 y las cuentas simplificadas para pequeños comercios ya facilitan cobrar por transferencia. La nueva ley también faculta a Banxico y a la CNBV para exigir que las terminales acepten pagos con QR y la Agencia de Transformación Digital propone que los pagos digitales representen 50% de las transacciones en el primer año de aplicación. CoDi empieza a despegar y su prueba será cobrar sin comisión en la miscelánea, no solo en la gran tienda.
La ley ordena una transición que la economía ya venía ensayando: cobrar sin comisión, retirar menos y pagar con el celular. Los avances son reales pero el tramo que falta es cultural: pagar en efectivo es costumbre y las costumbres no cambian por decreto. Para las Pymes el cambio suma más tecnología y el costo de ordenar sus finanzas fiscales. El riesgo no es que el efectivo desaparezca de golpe, sino que la digitalización se quede en los grandes comercios y deje fuera al micronegocio y al beneficiario que retira en cajero. Con terminales accesibles, QR sin comisión y cuentas que también sirvan para cobrar, cada locatario y cada tienda podría generar historial, crédito y ventas.
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