— Agencias 20/10/2026
México registra más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras Amnistía Internacional documenta más de 234 colectivos de búsqueda y advierte riesgos para sus integrantes.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México pasaron de un estimado de entre 60 y 70 agrupaciones en 2019 a más de 234 documentadas por Amnistía Internacional en 2026. El crecimiento ocurre mientras el país supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, en un contexto de amenazas, agresiones y riesgos para quienes buscan a sus seres queridos.
México supera las 135 mil personas desaparecidas
De acuerdo con el informe Red Lupa 2026, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), al 16 de mayo de 2026 había 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas en el país. Un mes después, el registro ascendió a 135 mil 48, lo que representó un aumento de 791 casos.
El informe señala que el 58.13% de los registros nacionales corresponde al periodo comprendido entre 2018 y mayo de 2026. Los años con más casos fueron 2024, con 12 mil 632, y 2025, con 12 mil 373.
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los registros aumentaron en 28 entidades federativas. Campeche reportó el mayor incremento porcentual, con 59%, seguido de Guanajuato, con 54%.
Por número de personas desaparecidas y no localizadas, el Estado de México encabezó la lista con 14 mil 648 registros; le siguieron Tamaulipas, con 13 mil 787; Jalisco, con 12 mil 765; Michoacán, con 7 mil 782, y Nuevo León, con 7 mil 476.
Mujeres buscadoras enfrentan amenazas y agresiones
El informe Desaparecer otra vez, de Amnistía Internacional, documentó que entre febrero de 2011 y mayo de 2025 fueron asesinados al menos 30 familiares y allegados de personas desaparecidas, entre ellos 16 mujeres.
La investigación destaca que madres, esposas, hermanas e hijas han asumido tareas de búsqueda, recopilación de información y exigencia de justicia ante las omisiones e insuficiencias que atribuyen a las autoridades.
Entre las mujeres buscadoras consultadas, 45% reportó amenazas; 39%, extorsiones; 27%, ataques, y otro 27%, desplazamiento forzado. Además, 10% señaló haber sufrido tortura y 6%, secuestro.
Solo 17% acudió a las autoridades para denunciar las agresiones o solicitar atención. El informe relaciona esta situación con la desconfianza institucional y el temor a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.
El año más violento para las buscadoras, según la investigación, fue 2022, cuando se registraron seis asesinatos. Guanajuato reportó tres casos, mientras que Jalisco, Sinaloa y Sonora registraron dos cada uno, de acuerdo con los datos citados.
El impacto económico y de salud en las familias
Las labores de búsqueda también tienen consecuencias económicas y físicas para quienes buscan a sus familiares. Según Amnistía Internacional, 66% de las participantes perdió recursos económicos después de la desaparición de sus seres queridos y de las actividades emprendidas para localizarlos.
Asimismo, 79% reportó al menos un problema de salud, de acuerdo con el informe.
Además de documentar las agresiones, la organización reconoce que los colectivos han contribuido a impulsar leyes, políticas públicas e instituciones especializadas en búsqueda, identificación humana y atención a víctimas.
Familias cuestionan la revisión del registro nacional
Familiares de personas desaparecidas expresaron su preocupación por la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, anunciada por la Secretaría de Gobernación.
En una carta dirigida a ocho especialistas convocados para analizar el registro, cuestionaron su independencia y señalaron que no se ha transparentado la metodología empleada para clasificar los casos.
Las familias también manifestaron su preocupación por los cambios en las cifras y por el impacto que estos procesos tienen en la búsqueda de sus seres queridos.
Por otra parte, el 16 de octubre de 2026, el Gobierno federal presentó ante Naciones Unidas avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, informó que más de 16 mil personas habían sido localizadas durante 2026 y destacó la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.
El Gobierno también señaló que las reformas legales de 2025 establecen la obligación de iniciar las investigaciones y las labores de búsqueda inmediatamente después de recibir un reporte de desaparición.
Naciones Unidas analizará la situación de México
Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, comparecerá ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para abordar la decisión de recurrir al artículo 34 de la Convención, con el propósito de llevar la situación de México a consideración de ese órgano internacional.
Albán señaló que este procedimiento excepcional representa una oportunidad para impulsar la cooperación internacional en búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas.
Mientras tanto, el crecimiento de los colectivos de búsqueda y los riesgos que enfrentan sus integrantes mantienen en el centro de la atención pública las desapariciones en México, las exigencias de las familias y la necesidad de esclarecer el paradero de miles de personas.
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