— Agencias 19/10/2026
Durante un congreso nacional en Coahuila, la consejera Carla Humphrey llamó a defender los derechos político-electorales de las mujeres y fortalecer las medidas contra la violencia de género.
Aunque México ha registrado avances legales para ampliar la participación de las mujeres en la vida pública, todavía existen obstáculos que amenazan los derechos político-electorales conquistados durante las últimas décadas, advirtió Carla Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su participación en el Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, la funcionaria señaló que algunas resoluciones judiciales y reformas locales podrían limitar las medidas destinadas a garantizar la participación política de las mujeres.
Reforma de paridad amplió la participación femenina
En la Mesa 4, titulada “Paridad y Violencia Política en Razón de Género: avances, retrocesos y retos pendientes”, Humphrey Jordan explicó que la evolución normativa en México permitió pasar de la incorporación del principio de paridad en las candidaturas a la exigencia de resultados en los espacios de toma de decisiones.
Recordó que la reforma constitucional de 2019 extendió este principio a los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos y los sistemas normativos indígenas, lo que ha favorecido una mayor presencia de mujeres en cargos públicos.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE destacó que estos avances no dependen únicamente de las reformas legales, sino también de los mecanismos implementados por las autoridades electorales para hacer efectivo el principio constitucional.
Entre ellos mencionó los acuerdos de paridad para las candidaturas a gubernaturas, las acciones afirmativas y las reglas de ajuste que han contribuido a la integración paritaria de los congresos federal y locales.

Carla Humphrey advierte posibles retrocesos en candidaturas
La consejera manifestó su preocupación por decisiones judiciales y reformas aprobadas en algunas entidades federativas que, señaló, podrían restringir la capacidad de las autoridades electorales para establecer medidas que garanticen la postulación de mujeres.
Indicó que estas limitaciones podrían afectar las candidaturas a gubernaturas, presidencias municipales y otros cargos públicos en los que las mujeres han enfrentado históricamente barreras de acceso.
Humphrey Jordan reconoció que México cuenta actualmente con el mayor número de mujeres gobernadoras de su historia; sin embargo, subrayó que todavía no se alcanza la paridad plena en estos cargos.
También señaló que persisten resistencias para que las mujeres accedan a posiciones de liderazgo político, pese a que representan la mayoría de la militancia en los partidos políticos.
Piden fortalecer acciones contra la violencia política de género
Ante este panorama, Humphrey hizo un llamado a impulsar la colaboración entre mujeres de distintos sectores, incluidas la academia, las instituciones electorales, el servicio público y la sociedad civil, con el objetivo de defender los derechos conquistados y atender los desafíos pendientes.
Asimismo, enfatizó la necesidad de reforzar las acciones para prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) y garantizar condiciones reales de igualdad en el acceso y ejercicio de los cargos públicos.

Autoridades electorales coinciden en reforzar mecanismos de seguimiento
La mesa fue moderada por Gabriela Guadalupe Valencia Luévano, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila.
En el encuentro también participaron María Guadalupe Vázquez Orozco, magistrada de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Leticia Bravo Ostos, consejera del Instituto Electoral de Coahuila.
Las participantes coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de seguimiento frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la coordinación entre las instituciones responsables de atender esta problemática.
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