— Penélope Cueto 16/10/2026
Saltillo, Coahuila, 16 de octubre de 2026.- La aplicación la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral podría comprometer recursos de los municipios para servicios públicos esenciales, advirtió el senador Gabriel Elizondo Pérez, quien votó en contra de la reforma ante el riesgo de que los ayuntamientos deban destinar parte de sus presupuestos a cumplir con las nuevas disposiciones.
El legislador sostuvo que las reformas que impulsa el Congreso de la Unión deben contar con recursos económicos para su implementación, a fin de evitar que los gobiernos municipales absorban nuevos gastos sin respaldo financiero.
“Se trata de que las leyes vengan acompañadas de recursos y de no dejarle la carga a los municipios”, afirmó Elizondo Pérez.
Reforma catastral y presión sobre las finanzas municipales
El senador aclaró que su postura no responde a un rechazo a la modernización catastral, sino a la obligación que, según expuso, asumirían los ayuntamientos para cumplir con la obligación sin una asignación adicional de recursos.
A su juicio, el esquema podría generar dificultades para municipios con presupuestos limitados, debido a que tendrían que cubrir los costos de modernización y atender al mismo tiempo las necesidades cotidianas de la población.
Elizondo Pérez advirtió que, ante la falta de recursos suficientes, los gobiernos municipales podrían recurrir a ajustes en los valores catastrales para fortalecer sus ingresos, con posibles efectos sobre las obligaciones fiscales de los propietarios.
“La modernización no está mal; lo que no se vale es dejar sin recursos a los municipios”, sostuvo el senador.
Entre los servicios que, a su juicio, podrían resentir la presión financiera están el abastecimiento de agua, el drenaje, la reparación de calles, el bacheo y las obras públicas municipales.
El legislador defendió la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y sostuvo que las decisiones legislativas deben considerar las necesidades de la población y la capacidad económica de las administraciones locales.
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