— Agencias 15/10/2026
Meta revisará el decreto de Claudia Sheinbaum que obliga a las plataformas digitales a verificar edades y limitar contenidos violentos para proteger a menores.
Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, informó que analizará a detalle el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos y otros materiales perjudiciales en plataformas digitales.
La compañía señaló que mantendrá el diálogo con las autoridades mexicanas para contribuir a crear un entorno digital más seguro, aunque no precisó si realizará modificaciones en sus aplicaciones para cumplir con las nuevas disposiciones.
Meta destaca sus herramientas de protección
Un portavoz de la empresa indicó que desde hace años desarrolla herramientas para que madres y padres acompañen la actividad digital de sus hijos, además de ofrecer experiencias adaptadas a la edad de los adolescentes.
Entre las medidas que mencionó están las Cuentas de Adolescentes de Facebook e Instagram, que incorporan restricciones para limitar quién puede contactar a los jóvenes y qué contenidos pueden ver.
Meta también recordó que Instagram cuenta con configuraciones de contenido inspiradas en clasificaciones para mayores de 13 años. En determinadas circunstancias, los adolescentes necesitan autorización de sus padres para cambiar a una configuración que permita visualizar más publicaciones.
La compañía no detalló si estas herramientas serán suficientes para cumplir con el decreto mexicano ni qué ajustes adicionales podrían ser necesarios.
¿Qué exige el decreto del Gobierno de México?
El decreto firmado el 14 de octubre establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales que operan en el país. Entre ellas se encuentra verificar la edad de los usuarios, clasificar los contenidos por edades e impedir que los menores sean expuestos a publicaciones que promuevan conductas de riesgo.
Las restricciones abarcan contenidos relacionados con violencia escolar, ciberacoso, violencia sexual, autolesiones, suicidio, discursos de odio y otros materiales señalados en la disposición.
Las plataformas también deberán incorporar medidas de privacidad y seguridad desde la configuración inicial de las cuentas de menores, ofrecer herramientas de supervisión para las familias y establecer mecanismos para reportar publicaciones.
Además, tendrán que hacer públicos los criterios utilizados para identificar y retirar contenidos restringidos, así como preservar evidencia relevante para investigaciones y alertar a las autoridades cuando detecten publicaciones que atenten contra la vida.
Plataformas tendrán 30 días para informar medidas
Las empresas disponen de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las acciones que implementarán para cumplir con las obligaciones.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el Gobierno dará seguimiento a la aplicación de las medidas mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El decreto no establece un régimen propio de sanciones. Sin embargo, Sheinbaum advirtió que, si las plataformas incumplen, su administración podría impulsar una ley que contemple penalizaciones.
La presidenta había señalado que las compañías solicitaron un mes para preparar sus servicios y adaptar sus sistemas a las disposiciones.
Persisten dudas sobre la aplicación de las reglas
Uno de los aspectos pendientes es el mecanismo que deberán utilizar las empresas para verificar la edad de los usuarios. La presentación del decreto no detalló el procedimiento específico, mientras Meta evitó anticipar cambios concretos en sus aplicaciones.
La medida también abrió un debate jurídico sobre los límites entre la protección de menores y la libertad de expresión. Especialistas han advertido que será importante distinguir entre publicaciones que documentan hechos violentos y aquellas que promueven o incitan a cometer agresiones.
Por ahora, Meta se encuentra en la etapa de revisión del decreto y mantiene abierta la comunicación con el Gobierno mexicano, mientras las autoridades esperan que las plataformas informen cómo cumplirán con las nuevas obligaciones.
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