Más mexicanos, menos productivos

— Julio Alejandro Millán 13/10/2026

La Encuesta Intercensal 2025, presentada por el Inegi a finales de septiembre, muestra un país más grande, más envejecido, mejor conectado y con más mujeres trabajando. Sin embargo, esos avances no se traducen en mejoras económicas: la productividad sigue rezagada, la informalidad es alta, el bono demográfico se agota con las pensiones al alza, y la migración interna, en parte forzada por la inseguridad y las oportunidades laborales, desplaza talento sin aprovecharlo. El análisis no apunta sólo a dimensionar cuántos más somos sino en qué tanto ese creciente capital humano se traduce en productividad y bienestar.

De acuerdo con el estudio del Inegi, el país tiene 130.9 millones de habitantes aproximadamente 4.9 millones más que en el 2020, que habitan en 39.7 millones de viviendas particulares, 4.5 millones más que hace cinco años. Resalta que la tasa de crecimiento promedio anual cayó a 0.7%, frente a 1.2% de la década previa, lo que confirma una transición demográfica acelerada. No es casualidad que la edad mediana haya saltado de 29 a 32 años en apenas un lustro: México envejece más rápido de lo que sus propias proyecciones indicaban y allí reside tanto el desafío como la urgencia de actuar. La tasa de fecundidad se ubicó en 1.2 hijos por mujer en edad fértil, 43% por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1: México ya no repone generacionalmente a su propia población.

El dato que conecta demografía y economía es la productividad. Según el Inegi, el Índice Global de Productividad Laboral se ubicó todavía por debajo de su nivel base de 2018, con un rezago de 2.6% al segundo trimestre de 2026. Recuperar ese terreno es una decisión de política pública: la población creció en casi cinco millones de personas en el último lustro, pero el PIB per cápita real permanece en niveles de 2017 (casi una década sin avance), producto de que la productividad no acompaña al empleo que la economía genera.

El freno de la productividad está en el mercado laboral. Según el Inegi, cerca de 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad, unos 32 millones de personas económicamente activas y ocupadas sin protección social y esa economía informal aporta apenas una cuarta parte del PIB. Aun cuando los salarios formales tocan máximos históricos, su aumento apenas sostiene la masa salarial, porque el empleo formal solo crece cerca de 1.5% anual. No es casualidad que un mercado laboral con más de la mitad de sus trabajadores en condiciones de empleo precario no convierta el crecimiento poblacional en productividad.

Lo que le da mayor urgencia a esta agenda es el fin del bono demográfico y su poco aprovechamiento. El Programa Nacional de Población 2026-2030 ubica ese suceso en 2030. No sólo es la reducción de población en edad de trabajar, también lo es el entorno de baja formalidad, educación desorientada e inversión insuficiente. Frente a ello se tiene una creciente población en edad de retiro y con una mayor esperanza de vida (75.5 años), lo que genera presiones financieras sobre el sistema contributivo de ahorro para el retiro (las AFORES) que, si bien ya administra recursos por alrededor de una quinta parte del PIB, estos fondos apenas empiezan a orientarse a la inversión productiva y no es capaz de generar una pensión apropiada para mantener a cada jubilado.

A ello se suma que la Pensión Bienestar, hoy derecho constitucional universal desde los 65 años, ya pensiona a las mujeres desde los 60, ampliando deliberadamente el padrón de beneficiarios. El gasto en pensiones absorbe uno de cada cuatro pesos del presupuesto federal y ya ronda 6% del PIB, mientras el de salud apenas alcanza 2.6% y el de educación cerca de 4%. La pregunta es de dónde saldrán los recursos adicionales: reformas fiscales, laborales y de seguridad social son la vía para que ese gasto no desplace la inversión productiva.

La encuesta muestra de igual forma que el capital humano del país no está donde está la actividad económica. La disparidad regional ha sido una constante, según estudios de Banxico, las cuatro entidades más desarrolladas generan más de 40% del PIB nacional, en tanto que las menos como Chiapas, Oaxaca y Guerrero aportan menos de 5% en conjunto, amén de tener pobreza laboral que supera 55%, según el Coneval.

Frente a ese contraste, los mexicanos ya se relocalizan. El nuevo indicador de la encuesta señala que, uno de cada seis habitantes vive hoy en una entidad distinta a la que nació y buena parte lo hace en busca de mejores oportunidades de empleo. A ese movimiento se suma uno forzado, que la encuesta mide por primera vez: 510 mil hogares, con 1.6 millones de personas en total, tuvieron al menos a un integrante que dejó su vivienda por inseguridad o violencia. La migración interna puede convertirse en redistribución productiva si las condiciones institucionales permiten retener y potenciar la fuerza laboral del centro y del sur.

La Encuesta Intercensal 2025 ofrece evidencia de que la política económica necesita replantear prioridades: el país tiene la masa poblacional, la conectividad (el acceso a internet en viviendas pasó de 53.9% a 75.7%), una participación femenina creciente y una movilidad interna que, no casualmente, busca empleo donde la economía lo genera. El problema no es que seamos más mexicanos, sino que no se aproveche a tiempo a la numerosa generación capaz de generar crecimiento y bienestar fiscalmente sostenible. Los próximos cuatro años son la ventana para convertir volumen poblacional en capacidad productiva, todavía hay tiempo.

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