— Agencias 11/10/2026
La población sujeta al sistema de justicia penal para adolescentes creció 24.9% en México, mientras persisten problemas de desaparición, violencia y reclutamiento delictivo.
La población registrada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) aumentó 24.9% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 5 mil 218 a 6 mil 518 personas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El incremento ocurre en un contexto de preocupación por las distintas formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como por los desafíos institucionales para garantizar una justicia especializada, según información oficial y el balance anual 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Desapariciones y violencia contra menores muestran aumentos
El balance de REDIM documentó que, entre 2024 y 2025, el número de personas de 0 a 17 años que continuaban desaparecidas aumentó 30.3%, al pasar de 2 mil 192 a 2 mil 856, según el registro consultado por la organización a principios de enero de 2026.
En otros indicadores, correspondientes al periodo de 2023 a 2024, los registros de posibles víctimas de reclutamiento por agrupaciones delictivas aumentaron 20.6%. La incidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes creció 8.3%, mientras que la violencia física aumentó 4.7% y los registros de abandono y negligencia subieron 3.5%.
El informe también reportó disminuciones en algunos indicadores de violencia. Entre ellas, una reducción de 23.2% en los homicidios dolosos de personas de 0 a 17 años y de 22.8% en las víctimas de trata de personas, de acuerdo con los datos recopilados por REDIM. <
Nuevo León registra la cifra más alta del SIJPA
De acuerdo con las estadísticas de la SSPC, en agosto de 2026 había 6 mil 518 personas sujetas al SIJPA. De ese total, 70% tenía entre 12 y 17 años, mientras que el 30% restante correspondía al grupo de 18 a 24 años.
En septiembre de 2024, las personas de entre 12 y 17 años representaban el 66% de la población registrada en el sistema.
Del total reportado en agosto de 2026, mil 912 personas se encontraban en situación de internamiento.
Por entidad federativa, Nuevo León encabezó las cifras, con 550 personas sujetas al sistema. Le siguieron Sonora, con 476; Baja California, con 474, y Zacatecas, con 427.
Más de mil 700 adolescentes estaban internados al cierre de 2025
El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2026 reportó que durante 2025 ingresaron mil 878 adolescentes a centros penitenciarios y especializados del país.
Al cierre de ese año, mil 754 adolescentes permanecían privados de la libertad en 50 centros especializados de tratamiento o internamiento. La información citada no precisa desde cuándo se encontraba cada persona en esa situación.
Por otra parte, las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026 registraron 35 mil 193 adolescentes imputados en 2024 por la presunta comisión de delitos en carpetas de investigación iniciadas por fiscalías y procuradurías estatales.
La cifra representó un incremento de 7.1% respecto a 2023 y de 55.4% frente a 2021. La tasa nacional de adolescentes imputados aumentó 55.8% entre 2021 y 2024, al pasar de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil adolescentes.
Las tasas más elevadas se registraron en Aguascalientes, con 841.1; Nuevo León, con 665.4; Sonora, con 631.5, y Ciudad de México, con 611.8 por cada 100 mil adolescentes.
Lesiones desplazan al robo como delito más frecuente
Durante 2024 se registraron 36 mil 447 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes.
Desde 2022, las lesiones se han mantenido como el delito más frecuente en estos registros, desplazando al robo, que encabezó las estadísticas entre 2017 y 2021.
En ese mismo año se contabilizaron 27 mil 912 víctimas en las carpetas de investigación relacionadas con justicia penal para adolescentes. De acuerdo con los datos citados, seis de cada 10 eran mujeres y 58.9% tenía menos de 20 años.
Especialistas piden fortalecer el sistema de justicia juvenil
Aunque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes fue publicada en 2016, especialistas consideran que su aplicación todavía enfrenta dificultades de coordinación institucional, capacitación y elaboración de protocolos especializados.
Alejandro López Contreras, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), planteó la necesidad de fortalecer la preparación de quienes participan en el sistema, desde policías hasta personas juzgadoras, además de explicar a la población los fundamentos del tratamiento diferenciado para adolescentes.
Por su parte, Sofía M. Cobo Téllez, coordinadora del Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil del Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez (Cideni), advirtió sobre la falta de una política pública integral que articule las instituciones y los programas destinados a atender esta problemática.
El tratamiento penal para adolescentes mantiene el debate
López Contreras explicó que el modelo mexicano de justicia juvenil comenzó a transformarse con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, y la reforma constitucional de 2005.
Ese proceso dio paso a un modelo que reconoce a las personas adolescentes como sujetos de derechos y contempla procedimientos especializados y medidas de sanción acordes con su edad y las circunstancias de cada caso.
El académico señaló que algunos sectores sociales cuestionan este tratamiento diferenciado y exigen que los adolescentes reciban las mismas consecuencias penales que las personas adultas cuando cometen determinados delitos.
Sin embargo, sostuvo que las agresiones y los homicidios cometidos por adolescentes también deben analizarse considerando las condiciones familiares, comunitarias e institucionales en las que se desarrollan.
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