— Agencias 09/10/2026
La propuesta buscaba supervisar el origen y destino de los recursos utilizados en recorridos, eventos y actividades de posicionamiento político.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el 8 de octubre una propuesta para emitir lineamientos que permitieran regular y fiscalizar los recursos utilizados en actividades de posicionamiento político rumbo a las elecciones de 2027. La mayoría de las consejerías consideró que las conductas señaladas ya están contempladas en la legislación vigente.
INE rechaza lineamientos para fiscalizar actividades políticas
La propuesta buscaba establecer mecanismos para vigilar los gastos relacionados con recorridos territoriales, eventos, propaganda y otras actividades de actores políticos antes del inicio formal de las precampañas.
En contra del proyecto votaron la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, así como Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez.
A favor se pronunciaron Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz y Rita Bell López, quienes respaldaron la necesidad de contar con herramientas específicas para revisar los recursos utilizados en actividades de posicionamiento político.
La votación evidenció nuevamente las diferencias entre las consejerías sobre los alcances de las facultades de fiscalización del Instituto y la necesidad de establecer reglas adicionales antes del inicio formal de las precampañas.
Consejeros defienden la vigilancia de gastos rumbo a 2027
Arturo Castillo argumentó que, pese al inicio formal del proceso electoral 2026-2027, el pasado 10 de septiembre, continúan los recorridos, eventos, encuestas, traslados y la difusión de propaganda digital vinculados con la definición de liderazgos y candidaturas.
El consejero sostuvo que la propuesta no buscaba declarar ilegales esas actividades ni asumir que constituyen actos anticipados de precampaña o campaña. El objetivo, explicó, era identificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos involucrados.
También advirtió que, sin mecanismos para revisar oportunamente esos gastos, podrían incorporarse a la contabilidad ordinaria de los partidos políticos, cuyos resultados de fiscalización se conocerían hasta el segundo semestre de 2027, cuando el proceso electoral ya habría concluido.
Por su parte, Carla Humphrey defendió que la facultad fiscalizadora del INE es permanente y que la ausencia de reglas específicas para determinados procedimientos no debería impedir la revisión de los recursos utilizados en actividades de posicionamiento político.
Martín Faz respaldó la creación de mecanismos preventivos para identificar esos gastos y evitar posibles ventajas indebidas antes del comienzo de las precampañas.
Consejeros cuestionan la necesidad de nuevas reglas
Entre quienes rechazaron la propuesta, Norma Irene de la Cruz señaló que el documento presentaba contradicciones y cuestionó que se pretendieran regular conductas que, a su juicio, pueden atenderse mediante los procedimientos previstos en la legislación electoral.
Uuc-kib Espadas también cuestionó la necesidad de crear un instrumento adicional si las actividades que se busca vigilar ya están contempladas en las normas vigentes.
Las consejerías plantearon además dudas sobre los alcances de las atribuciones de fiscalización del INE, particularmente en relación con la propaganda, las redes sociales y la participación de funcionarios públicos.
Guadalupe Taddei consideró necesario realizar un mayor análisis técnico-jurídico y construir la propuesta de manera colegiada. También cuestionó que el proyecto regresara a discusión sin cambios sustanciales y señaló la falta de una socialización suficiente con todas las consejerías y las representaciones partidistas.
INE mantiene sus facultades de fiscalización
Tras el rechazo de los lineamientos, el Instituto aclaró que la decisión no implica que haya perdido sus facultades para investigar y fiscalizar los recursos de los partidos políticos.
Asimismo, la votación no cierra la posibilidad de que el organismo electoral apruebe lineamientos posteriores para atender este tipo de actividades.
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