— Agencias 09/10/2026
Dos casos relacionados con promotores de conciertos en México derivaron en sanciones financieras estadounidenses y procesos judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Jesús Pérez Alvear, promotor relacionado con la Feria de San Marcos, y Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, vinculado a In House Espectáculos en Baja California, expusieron presuntos mecanismos de lavado de dinero mediante negocios de entretenimiento. Los casos también tuvieron repercusiones judiciales en Estados Unidos, donde el cantante Gerardo Ortiz y el productor musical Ángel del Villar estuvieron involucrados en un proceso relacionado con la actividad de Pérez Alvear.
Jesús Pérez Alvear y la Feria de San Marcos
En abril de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionó a Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, y a su empresa Gallística Diamante, que operaba comercialmente como Ticket Premier.
Según las autoridades estadounidenses, Pérez Alvear utilizaba negocios de espectáculos para lavar ganancias atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a Los Cuinis. Entre las actividades señaladas estaban la venta de boletos y los ingresos por alimentos y estacionamiento en palenques.
La OFAC también señaló vínculos entre el promotor y Abigael González Valencia, entonces identificado como líder de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del CJNG.
Pérez Alvear participó en la organización de espectáculos en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, y en la feria de San Isidro Metepec, en el Estado de México. De acuerdo con la información del caso, la sanción estadounidense se anunció días antes del inicio del palenque de San Marcos de 2018, cuya programación continuó.
El promotor murió tras un ataque armado en un restaurante de Ciudad de México en diciembre de 2024. Antes de su muerte, se había declarado culpable de lavar dinero para Los Cuinis y había aceptado colaborar con el Gobierno de Estados Unidos, según los antecedentes judiciales citados.
In House Espectáculos y las sanciones en Baja California
El 18 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, su socio Carlos Villela Gómez Santelices y diversas empresas relacionadas con su actividad comercial.
La OFAC señaló que ambos empresarios operaban bajo las órdenes de Jesús González Lomelí, a quien identificó como un presunto lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa.
Entre las compañías sancionadas figuró Conciertos y Espectáculos Inhouse, conocida comercialmente como In House Espectáculos, promotora que organizó presentaciones en Tijuana, Mexicali y Ensenada, con artistas como Ricky Martin, Roberto Carlos y Alejandra Guzmán.
La autoridad estadounidense describió la red señalada como un conjunto de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento presuntamente utilizado para blanquear dinero. También incluyó a Inteliproof Efficient y Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría, conocida como Promociones CHF de Baja California.
De acuerdo con la información proporcionada, Inteliproof Efficient tenía contratos para suministrar uniformes y equipo táctico a la Fiscalía General del Estado de Baja California, mientras que Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría había obtenido contratos con la Secretaría de Turismo estatal.
Las designaciones también alcanzaron a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El Departamento del Tesoro lo señaló como presunto operador político de Los Mayos en la región.
Escritura
Gerardo Ortiz y Ángel del Villar: el proceso judicial en Los Ángeles
El caso de Pérez Alvear también derivó en un proceso federal contra Ángel del Villar, propietario de Del Records y de la agencia Del Entertainment, por realizar negocios con el promotor sancionado por la OFAC.
Durante el juicio celebrado en Los Ángeles en marzo de 2025, el cantante Gerardo Ortiz testificó sobre su participación en conciertos organizados por Pérez Alvear y explicó que Del Villar lo convenció de presentarse en Aguascalientes pese a sus reservas iniciales.
De acuerdo con lo expuesto en el tribunal, después de aquella presentación Ortiz participó en otros 18 conciertos por los que recibió alrededor de 1.5 millones de dólares. En uno de los eventos, celebrado de manera privada en Ciudad Guzmán, Jalisco, el cantante cobró 98 mil dólares, mientras que Del Villar recibió 24 mil dólares de comisión y Pérez Alvear obtuvo 6 mil 500 dólares.
Ortiz había firmado un acuerdo de culpabilidad el 22 de febrero de 2024 y colaboró con el FBI. Según los antecedentes proporcionados, en noviembre de 2025 fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional.
Por su parte, Del Villar y su agencia fueron declarados culpables de más de 10 cargos relacionados con violaciones a la Ley Kingpin, legislación estadounidense utilizada para combatir las actividades financieras de personas vinculadas con el narcotráfico. El productor recibió una condena de cuatro años de prisión y una multa de dos millones de dólares.
Sin embargo, la ejecución de la condena quedó pendiente mientras se resolvía su apelación, luego de que una jueza ordenara que permaneciera en libertad bajo fianza, de acuerdo con la información del caso.
Qué tienen en común los dos casos
Los expedientes relacionados con Pérez Alvear y Moreno Gómez Santelices muestran cómo las autoridades estadounidenses investigaron empresas de entretenimiento por presuntas conexiones financieras con organizaciones criminales.
En el caso de Aguascalientes, las investigaciones se relacionaron con el CJNG y Los Cuinis, además de derivar en un proceso judicial contra integrantes de la industria musical. En Baja California, las sanciones alcanzaron a una promotora de conciertos y a compañías vinculadas con sectores como la seguridad, los bienes raíces y los servicios para instituciones públicas.
Las designaciones de la OFAC implican restricciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense, pero las acusaciones deben distinguirse de las responsabilidades acreditadas mediante sentencias judiciales.
Ambos casos colocaron bajo escrutinio el uso de empresas y eventos musicales como posibles vehículos para operaciones financieras ilícitas, así como las relaciones comerciales entre promotores, artistas y empresarios.
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