— Agencias 08/10/2026
Familias de las víctimas buscan protección y respuestas sobre el caso.
Integrantes del colectivo 52+2 acudieron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para exigir información oficial sobre la situación jurídica de dos personas relacionadas con el caso Casino Royale, luego de conocer su liberación mediante publicaciones periodísticas. También solicitaron medidas de seguridad y una reunión con el fiscal estatal.
Familias exigen claridad sobre la liberación
La vocera del colectivo, Samara Pérez Muñiz, señaló que los familiares no recibieron una notificación institucional sobre la resolución, por lo que solicitaron acceso a la información de los expedientes de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”.
Durante la lectura de un posicionamiento, los integrantes del colectivo manifestaron que desconocen los fundamentos de la resolución, la autoridad que la emitió y si ambas personas continúan sujetas a otros procesos penales.
“Esta falta de información afecta nuestros derechos a la verdad, al acceso a la justicia y a una participación efectiva en los procedimientos que nos conciernen”, expresó Pérez Muñiz.
Solicitan medidas de protección para el colectivo
Los familiares también pidieron medidas de seguridad para los integrantes del colectivo 52+2, al señalar que su exposición pública durante la exigencia de justicia podría representar un riesgo.
“Exigir la verdad y la justicia no debería exponernos a represalias”, sostuvo la vocera.
Asimismo, señalaron que durante más de una década han tenido que buscar información sobre el caso y solicitaron a las autoridades esclarecer documentalmente la situación jurídica de los dos implicados, además de garantizar la participación de las víctimas en los procedimientos relacionados con el ataque ocurrido en 2011.
Piden reunión con el fiscal de Nuevo León
Como parte de sus exigencias, los integrantes del colectivo solicitaron una reunión con el fiscal general de Nuevo León para conocer directamente el alcance de la resolución y las acciones que emprenderán las autoridades.
Las familias buscan obtener información oficial sobre el proceso y conocer qué medidas se tomarán para garantizar sus derechos a la verdad y a la justicia.
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