— Agencias 06/10/2026
Un juez federal de Massachusetts suspendió temporalmente el procedimiento utilizado para imponer estas sanciones migratorias.
El juez de distrito George O'Toole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que permite imponer multas de hasta 998 dólares diarios a determinados inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a tener órdenes de salida o remoción.
Juez cuestiona el procedimiento para imponer las sanciones
La resolución también suspende las sanciones emitidas bajo ese procedimiento después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el litigio.
O'Toole consideró que las demandantes tienen probabilidades de demostrar que la normativa utilizada para imponer las multas es ilegal. Entre sus argumentos, cuestionó que el Gobierno no hubiera valorado adecuadamente las circunstancias individuales de las personas afectadas.
El juez también concluyó que el cobro de estas sanciones podría llevar a los demandantes a la insolvencia.
La Legal Aid Society, que representa a las demandantes junto con otros grupos de servicios legales, señaló que el fallo impide al Gobierno hacer cumplir las multas mientras continúa el proceso judicial.
Hay deudas de hasta 1.8 millones de dólares
La demanda fue presentada en noviembre de 2025 y cuestiona una política que, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha afectado a más de 100 mil personas en todo el país.
De acuerdo con esos datos, las sanciones generadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 ascienden a aproximadamente 84 mil millones de dólares.
Las multas pueden llegar a 998 dólares por cada día de incumplimiento de una orden de salida o remoción. En algunos casos, las deudas acumuladas han alcanzado hasta 1.8 millones de dólares.
Casos de las demandantes
La Legal Aid Society indicó que las sanciones han sido impuestas a personas que solicitan legalmente algún tipo de alivio migratorio, cumplen con órdenes de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o aseguran no poder regresar de forma segura a sus países de origen.
Las demandantes, identificadas como Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, enfrentaron sanciones de cientos de miles de dólares y hasta 1.8 millones de dólares, respectivamente.
Según la organización, ambas permanecieron en Estados Unidos para solicitar un alivio migratorio que les permitiera obtener un estatus legal. Una de ellas posteriormente obtuvo una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente legal.
Trump retomó la aplicación de las multas en 2025
La Administración Trump retomó a comienzos de 2025 la aplicación de una disposición de la ley de inmigración que permite imponer multas civiles a determinados inmigrantes que no abandonen Estados Unidos después de recibir una orden de remoción o una orden de salida voluntaria.
En junio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia modificaron el procedimiento para imponer y recurrir estas sanciones. Entre los cambios estuvo la eliminación de la obligación de emitir previamente una notificación de intención de multa y la reducción del plazo para impugnar las sanciones.
Legal Aid Society calificó el fallo como una victoria para las familias inmigrantes afectadas por estas sanciones y amenazadas con enfrentar graves dificultades financieras.
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