— Agencias 06/10/2026
Un análisis independiente identifica entidades con predominio criminal, zonas disputadas y estados donde las autoridades conservarían mayor control territorial.
Un análisis independiente estima que organizaciones criminales tendrían condiciones de control efectivo en alrededor de 30% del territorio mexicano, mientras otro 47% se encontraría en entidades con control compartido o disputado.
Estudio mide el control territorial del crimen organizado
El documento denominado “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad”, con corte al 25 de septiembre de 2026, divide al país en tres categorías según el nivel de influencia que tendrían las organizaciones criminales frente a las instituciones.
De acuerdo con esta clasificación, 9 estados presentan predominio criminal en amplias regiones, 14 se encuentran bajo condiciones de control compartido o disputa y otros 9 mantienen un predominio más claro de las autoridades.
La estimación no corresponde a una medición oficial del Gobierno federal y no significa que los grupos delictivos controlen cada municipio o comunidad de las entidades incluidas.
¿Qué significa que el crimen tenga control efectivo?
El análisis utiliza el concepto de gobernanza criminal para describir situaciones en las que organizaciones delictivas pueden imponer condiciones sobre determinadas actividades económicas o sociales.
Entre las prácticas consideradas se encuentran el cobro de cuotas, la instalación de retenes, el control de mercados,amientos armados o altos niveles de homicidios. También puede manifestarse mediante mecanismos de presión las restricciones a la movilidad y la influencia sobre autoridades locales.
Por ello, la presencia de grupos criminales no necesariamente se refleja únicamente en enfrentamientos armados o altos niveles de homicidios. También puede manifestarse mediante mecanismos de presión económica, amenazas o control de determinadas actividades.
Estos son los 9 estados con predominio criminal
El estudio coloca en la categoría de mayor predominio criminal a Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo.
En conjunto, estas entidades representarían alrededor del 23% de la población nacional, según la clasificación presentada.
La categoría se refiere a un predominio en amplias regiones, por lo que no implica que la totalidad del territorio de cada estado se encuentre bajo las mismas condiciones.
14 estados están bajo control compartido o disputa
Un segundo grupo está integrado por entidades donde, de acuerdo con el análisis, existe una situación de control compartido o disputado entre instituciones y organizaciones criminales.
En esta categoría aparecen Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Estas entidades concentrarían aproximadamente 59% de la población del país.
La clasificación tampoco significa que exista necesariamente una colaboración entre autoridades y grupos delictivos. El término contempla también escenarios en los que distintos actores compiten por el control de actividades o espacios determinados.
Sonora aparece entre los estados bajo disputa
El caso de Sonora destaca porque el estudio no lo ubica entre las nueve entidades con mayor predominio criminal, sino dentro del grupo de control compartido o disputado.
Esto significa que la clasificación se refiere al estado en términos generales y no permite concluir que todos sus municipios presenten las mismas condiciones.
Dentro de una misma entidad pueden existir regiones donde las instituciones mantengan mayor capacidad de actuación y otras donde organizaciones criminales tengan una influencia más significativa.
¿Dónde habría mayor predominio de las autoridades?
El análisis identifica nueve entidades donde las instituciones conservarían un predominio más claro: Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tlaxcala y Yucatán.
Estas entidades representarían aproximadamente 23% del territorio nacional, mientras que el análisis señala que el 47% restante se encuentra en estados bajo condiciones de control compartido o disputado.
En términos poblacionales, estas entidades concentrarían alrededor del 17% de los habitantes del país, de acuerdo con los datos presentados.
Control criminal y violencia no son lo mismo
Uno de los elementos centrales del análisis es la diferencia entre presencia criminal, disputa territorial y gobernanza criminal.
Una región puede registrar enfrentamientos entre organizaciones sin que alguno de los grupos haya consolidado el control territorial. En contraste, una comunidad puede experimentar cobros, restricciones o presión de un grupo sin registrar continuamente hechos violentos de alto impacto.
Por esta razón, el documento considera factores relacionados con la economía local, la movilidad de personas, el comercio, las actividades productivas y las decisiones de autoridades.
La cifra de 30% no es un dato oficial
La estimación de que el crimen organizado tendría control efectivo sobre 30% del territorio mexicano corresponde al análisis independiente citado por Agencia Reforma y no constituye una cifra oficial del Gobierno de México.
Las instituciones de seguridad utilizan otros indicadores para evaluar la situación delictiva, como homicidios, extorsiones, denuncias, investigaciones y resultados de las corporaciones.
Por ello, las estadísticas oficiales y esta medición no son directamente comparables, ya que analizan fenómenos diferentes.
¿Qué muestra el mapa sobre México?
La radiografía plantea un escenario en el que el control criminal no se distribuye de manera uniforme.
De acuerdo con el análisis, 30% del territorio estaría bajo predominio criminal, 47% correspondería a entidades con control compartido o disputado y 23% tendría un predominio estatal más claro.
La clasificación busca medir hasta qué punto las organizaciones delictivas pueden influir en la vida económica, social e institucional de determinadas regiones, más allá de los delitos y hechos violentos registrados.
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