— Mario Maldonado 05/10/2026
Miguel Ángel Solano Ruiz no tenía cargo en las aduanas, pero, según los testimonios de la investigación, intervenía en la designación de funcionarios y coordinaba descargas de combustible. También repartía los sobornos. Ahora que el llamado “Capitán Sol” está preso, la atención se concentra en los nombres y la información que podría aportar. El marino retirado señalado como operador de la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna podría esclarecer quién financiaba los cargamentos y cómo se hacían las gestiones dentro del gobierno.
Solano conocía las instituciones desde dentro. Había trabajado en inteligencia naval y estuvo comisionado en la SEIDO, la unidad de la entonces PGR que investigaba a la delincuencia organizada. En febrero de 2018 se retiró de la Armada. Años después, su nombre comenzó a aparecer en una investigación sobre marinos, empresarios y funcionarios que habrían convertido las aduanas en un negocio de contrabando.
Sabía cómo se movía una investigación y conocía los procedimientos de la Marina. Según los testimonios incorporados al expediente, también sabía a quién buscar para colocar personal en las aduanas y resolver problemas con los cargamentos. Lo mismo hacía llegar el dinero a quienes permitían descargarlos. Ese sería el valor de una eventual declaración suya.
Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aparecen como los presuntos jefes de la organización. Solano y el capitán Clímaco Aldape Utrera habrían gestionado movimientos de funcionarios con su visto bueno. Pero entre la instrucción que describe un testigo y el nombramiento de un servidor público hubo necesariamente decisiones administrativas.
Esa distancia entre el poder que ejercía y el cargo que no tenía es uno de los asuntos que su captura obliga a esclarecer. La Marina, la Agencia Nacional de Aduanas y el SAT confirmaron, según la información del expediente que se ha hecho pública, que Solano carecía de nombramiento en el sistema aduanero. Su presunta capacidad para intervenir allí dependía de quienes sí tenían atribuciones legales.
Entre los datos divulgados de la investigación figuran 3.4 millones de pesos que recibió como nómina de cinco empresas y cerca de cinco millones provenientes de un sindicato identificado como SIPROMEX. ¿Qué trabajo hacía para esas compañías? ¿Qué relación tenía con la organización sindical? Los pagos requieren una explicación sobre su origen y concepto.
La historia del pensionado que movía millones en casinos ha ocupado buena parte de su perfil público. Detrás de las apuestas hay una cronología devastadora. Se han reportado 400 avisos relacionados con sus operaciones entre 2015 y 2023, además de alertas bancarias a la Unidad de Inteligencia Financiera. El rastro antecede al decomiso del Challenge Procyon, en marzo de 2025, que expuso la trama.
El tamaño del negocio es gigantesco. Hace un año, la procuradora fiscal Grisel Galeano habló de un posible daño de 600 mil millones de pesos por huachicol fiscal. Después, Presidencia rechazó que existiera una cuantificación oficial y sostuvo que la referencia provenía de un diputado. La cifra quedó instalada en la discusión pública y en el imaginario colectivo.
En ese contexto cobran relevancia las alusiones a Ojeda y a Andrés Manuel López Beltrán. Hay testimonios que atribuyen a Solano haber invocado sus nombres cuando las operaciones enfrentaban problemas. El capitán podría aclarar si utilizaba esos nombres para imponerse ante otros funcionarios o si existían contactos e instrucciones que puedan comprobarse.
Imposible saber por ahora qué versión ofrecerá el Capitán Sol. Tampoco si sus dichos coincidirán con los de quienes hoy lo señalan. El gobierno lo presentó como el último integrante de Los Primos que faltaba detener. Lo que sigue es establecer para quién o quiénes lo hacía. ¿La Fiscalía va a dejar que declare todo lo que sabe, caiga quien caiga? Ya lo veremos.
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