— Penélope Cueto 01/10/2026
Saltillo, Coahuila, 1 de octubre de 2026.- La reforma que aprobó el Senado para establecer nuevas sanciones por el uso indebido de elementos protegidos de instituciones públicas generó críticas del diputado Gerardo Aguado Gómez, quien advirtió posibles restricciones a la libertad de expresión en plataformas digitales.
El legislador cuestionó que, mientras persisten problemas de seguridad y delincuencia organizada, el Congreso federal trabaje en disposiciones que, desde su perspectiva, pueden generar restricciones para expresiones digitales como los memes. La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Aguado planteó que los memes forman parte de las expresiones de crítica y sátira sobre asuntos públicos, en una función que comparó con la de los cartones políticos de los medios de comunicación.
“Quienes andamos en esto de la política sabemos que a eso nos atenemos y que debemos tener la piel gruesa porque es parte del trabajo del político”, expuso.
Crítica a la agenda federal
Aguado también dirigió sus críticas hacia la agenda de la llamada Cuarta Transformación, a la que atribuyó una atención insuficiente a los problemas de violencia y corrupción que, según sus declaraciones, enfrenta el país.
En ese contexto, planteó que las reformas deben priorizar mecanismos para investigar posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, así como otros casos sujetos a investigación por parte de las autoridades.
“Creo que hay muchos temas importantes que abordar y no el tema de coartar la libertad de expresión”, manifestó.
¿Qué aprobó el Senado?
El Senado aprobó el 30 de septiembre de 2026 una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, con 72 votos a favor y 34 en contra.
El proyecto aún debe ser revisado por la Cámara de Diputados, por lo que todavía no tiene carácter de ley vigente. La propuesta forma parte de un paquete de cambios relacionado con la protección de marcas, propiedad industrial y combate a la falsificación.
Entre las nuevas disposiciones aprobadas aparecen sanciones de hasta cinco años de prisión y multas superiores a un millón de pesos para determinados usos de elementos que correspondan a la identidad gráfica, signos oficiales o dominios de instituciones públicas, cuando exista un propósito comercial y la conducta busque inducir a error o engaño.
El texto aprobado no establece una prohibición general de memes, aunque legisladores de oposición expresaron preocupación por sus posibles efectos sobre contenidos de sátira y crítica política
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