— Penélope Cueto 01/10/2026
Saltillo, Coahuila, 1 de octubre de 2026.- Tras la muerte de la subdirectora de la Secundaria Número 13 del ejido La Unión, a consecuencia de una agresión atribuida a dos presuntos exalumnos, la diputada Magaly Hernández Aguirre pidió al Congreso de Coahuila avanzar con las iniciativas que presentó para fortalecer la prevención de la violencia escolar y la protección del personal educativo.
La legisladora, quien también es docente, lamentó los hechos ocurridos este jueves y expresó su respaldo a la comunidad educativa del plantel.
Recordó que presentó en agosto de 2025 la denominada Ley Protem y que en mayo de 2026 impulsó iniciativas en el mismo orden.
Hernández Aguirre pidió a sus compañeros del Congreso estatal revisar y avanzar en esas propuestas, con el argumento de que la protección de docentes y estudiantes requiere prevención, protocolos de atención, acompañamiento psicológico y respaldo jurídico.
“Como maestra me duele profundamente que una escuela haya sido escenario de violencia”, indicó.
Protección para el personal educativo
La legisladora sostuvo que las iniciativas buscan establecer herramientas legales para proteger la dignidad, integridad y derechos del personal docente ante acusaciones falsas o procedimientos que considere injustificados, sin afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El proyecto contempla que maestras y maestros tengan acceso a debido proceso y presunción de inocencia durante procedimientos administrativos. Entre las garantías propuestas figuran la defensa jurídica, la notificación oportuna y el conocimiento de las acusaciones que existan en su contra.
La iniciativa también plantea que el personal educativo pueda desempeñar sus funciones en entornos libres de violencia, hostigamiento y afectaciones a la salud mental. Para ello, propone medidas de acompañamiento psicológico y jurídico en casos relacionados con su actividad laboral.
“Hoy ser maestro se ha convertido en una profesión de riesgo”, expuso.
Protocolo para atender quejas
Entre las propuestas aparece la creación de un protocolo estatal para la atención y evaluación preliminar de quejas administrativas contra docentes y criterios para atender estos casos sin afectar los derechos de quienes presenten una denuncia.
También plantea que las acusaciones de niñas, niños y adolescentes no sean consideradas maliciosas de forma automática y que su atención se realice bajo el principio del interés superior de la niñez.
El proyecto contempla una participación de la Secretaría de Educación en campañas de sensibilización sobre el respeto a la labor docente, la prevención de conflictos y la construcción de ambientes escolares sanos.
Hernández Aguirre llamó a no esperar otra tragedia para revisar las herramientas de prevención y protección dentro de los planteles.
La diputada planteó que las medidas deben atender tanto la seguridad de quienes enseñan como la de quienes forman parte de las comunidades escolares.
“Necesitamos hoy más que nunca prevención, protocolos, acompañamiento, salud mental y leyes que realmente protejan a nuestra comunidad educativa”, concluyó.
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