— Penélope Cueto 22/09/2026
Saltillo, Coahuila, 22 de septiembre de 2026.- Los municipios deben justificar con claridad cualquier incremento extraordinario en sus multas, pues aumentos desproporcionados podrían generar cuestionamientos de constitucionalidad, advirtió la diputada coordinadora de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Guadalupe Oyervides. La legisladora distinguió entre actualizar reglamentos municipales y elevar sanciones económicas, debido a que estas últimas deben respetar el principio de proporcionalidad.
Reconoció la autonomía de los ayuntamientos para proponer y aprobar sus disposiciones, pero recordó que las modificaciones a las leyes de ingresos requieren la autorización del Congreso de Coahuila. Por ello, pidió que los incrementos a las multas cuenten con sustento jurídico y una exposición de motivos suficiente.
Indicó que la Constitución federal establece que están prohibidas las multas excesivas y que las sanciones deben guardar proporción con el hecho que se sanciona y con el bien jurídico afectado.
Además, criterios judiciales han establecido la necesidad de que las multas permitan su individualización y consideren factores como la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor.
Un aumento de 500% tendría que justificarse
Oyervides puso como ejemplo un incremento de 0 a 500% para explicar el riesgo que, a su juicio, tendría una modificación sin una justificación suficiente.
La diputada sostuvo que una variación de esa magnitud podría romper con el principio de proporcionalidad y abrir la puerta a una acción de inconstitucionalidad.
“En un incremento de un 0 a un 500% hay una desconfiguración en el principio de proporcionalidad que marca la Constitución”, expuso.
La legisladora agregó que un ciudadano podría cuestionar si una sanción de ese nivel guarda relación con el incremento gradual que corresponde a los tributos y recordó que en Coahuila, la Constitución estatal establece que los municipios deben proponer cuotas y tarifas con base en los principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva, mientras que el Congreso estatal tiene a su cargo la aprobación de las leyes de ingresos municipales.
Oyervides tomó como referencia el 4% de inflación que, según expuso, ha marcado hasta ahora el índice federal. A partir de ese parámetro, consideró que cualquier incremento superior requiere una exposición de motivos sólida que permita al Congreso valorar la propuesta antes de su aprobación.
Reglamentos y multas tienen tratamientos distintos
La diputada aclaró que su llamado para actualizar y homologar los reglamentos municipales no implica respaldar incrementos desproporcionados en las multas. Explicó que los reglamentos regulan procesos administrativos y la forma de actuación de las distintas áreas municipales, mientras que las sanciones económicas tienen exigencias adicionales.
En ese sentido, distinguió entre la actualización de las normas internas de cada ayuntamiento y las modificaciones a las sanciones previstas en las leyes de ingresos
“Yo vuelvo a insistir y se los digo a los 38 municipios en un exhorto formal: regulemos, actualicemos y homologemos los reglamentos”, señaló.
Multas no sustituyen la prevención
Oyervides sostuvo que los reglamentos deben establecer con claridad cómo deben actuar las autoridades ante distintos sucesos y cómo se coordinan las dependencias involucradas.
La actualización de esas disposiciones, indicó, forma parte de un proceso administrativo distinto al análisis de los montos de las multas.
Respecto de las sanciones económicas, reconoció que una multa tiene un efecto directo en el bolsillo de los ciudadanos, pero cuestionó que por sí sola constituya un mecanismo de prevención.
“Las multas, sí, claro, siempre le va a doler al ciudadano que le pegues en el bolsillo, pero no es resolutivo, no es un método preventivo”, concluyó la legisladora.
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