— Agencias 18/09/2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una opinión que modifica el panorama federal sobre la compra de pistolas por adultos menores de 21 años.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó este viernes que las disposiciones federales que impiden a vendedores autorizados comercializar pistolas a adultos de 18 a 20 años no pueden aplicarse penalmente, al considerar que son incompatibles con la Segunda Enmienda.
Justicia de EU cuestiona la restricción de edad
A través de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, el gobierno estadounidense señaló que penalizar a los vendedores por realizar estas operaciones es inconstitucional, debido a que los jóvenes adultos están protegidos por la Segunda Enmienda.
El fiscal general adjunto T. Elliot Gaiser, de la Oficina de Asesoría Jurídica, sostuvo que las personas de 18 años pueden votar, formar parte de jurados, ser reclutadas y enfrentar sanciones penales como adultos, incluida la pena capital.
A partir de estos argumentos, el Departamento de Justicia concluyó que no puede imponer constitucionalmente sanciones penales a vendedores de armas de fuego que comercialicen pistolas con adultos que cumplen con las leyes estadounidenses.
Segunda Enmienda, eje de la determinación
La Oficina de Asesoría Jurídica argumentó que las restricciones federales limitan la capacidad de ciudadanos para adquirir armas de uso común y, por ello, consideró que dichas disposiciones son presuntamente inconstitucionales.
El análisis también señaló que no encontró antecedentes ni una tradición durante la época fundacional de Estados Unidos que impidieran a los adultos adquirir armas de fuego con el argumento de proteger la seguridad pública.
El argumento sobre la época fundacional
De acuerdo con el comunicado, durante la época fundacional los estatutos de la milicia establecían, en su mayoría, el servicio militar a partir de los 18 años y exigían que sus integrantes proporcionaran sus propias armas.
El Departamento de Justicia sostuvo que este antecedente forma parte de los argumentos utilizados para determinar que las restricciones federales sobre la venta de pistolas a adultos de entre 18 y 20 años son incompatibles con la interpretación de la Segunda Enmienda.
La determinación corresponde a una opinión jurídica de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, no a una nueva ley aprobada por el Congreso.
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