— Mario Maldonado 14/09/2026
Rafael Ojeda Durán nunca pareció demasiado preocupado por el escándalo que había estallado durante su gestión al frente de la Marina. Mientras las investigaciones por huachicol fiscal alcanzaban a sus sobrinos políticos y comenzaban a conocerse los asesinatos de marinos relacionados con la trama, el exsecretario se dejaba ver jugando golf en el Club Campestre de la Ciudad de México.
El 16 de octubre de 2025 publiqué otras fotografías. Ojeda comía tranquilamente en el restaurante Alaia, en San Ángel. Bebía tequila y departía como si nada ocurriera. Para entonces, Manuel Roberto Farías Laguna, uno de sus sobrinos políticos, ya había sido detenido y la FGR investigaba una de las mayores redes de huachicol fiscal dentro de la Marina.
Casi un año después, la tranquilidad del almirante parece intacta. No está imputado y la Fiscalía sostiene que fue él quien denunció irregularidades dentro de la institución. Pero tampoco ha comparecido para explicar una trama que creció bajo su mando, involucró a dos familiares políticos que escalaron hasta posiciones estratégicas de la Armada, penetró puertos y aduanas bajo control de la Marina y dejó una estela de asesinatos.
Los principales acusados hasta el momento son Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos de Sandra Luz Laguna Rivera, esposa de Ojeda. Durante el sexenio pasado construyeron carreras meteóricas hasta convertirse en vicealmirante y contralmirante, con acceso a posiciones estratégicas.
En septiembre de 2025 publiqué en estas páginas cómo se procesaron sus ascensos. En 2022 y 2023, los expedientes circularon entre Marina, Gobernación y el Senado. López Obrador emitió los acuerdos correspondientes; Ojeda turnó los expedientes; Gobernación los remitió al Senado y la Cámara alta los ratificó. En esos paquetes estaban los Farías.
Fuentes navales aseguraron entonces que Sandra Luz Laguna impulsó las carreras de sus sobrinos. Manuel Roberto terminó como comandante de la XII Zona Naval en Puerto Vallarta y fue considerado uno de los cuadros con mayor proyección. Ambos fueron señalados posteriormente por su influencia sobre ascensos, comisiones y posiciones estratégicas.
Hoy la FGR sostiene que los Farías habrían manipulado designaciones, ascensos y traslados en las aduanas marítimas para colocar personal funcional al contrabando de combustibles. Y Ojeda estaba al frente de la Marina.
Hay además un episodio imposible de soslayar. En junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar habló directamente con Ojeda. El audio revelado por Aristegui Noticias muestra al marino explicándole la existencia de una red de corrupción y las irregularidades que involucraban a los Farías.
Ojeda pidió que se lo entregara por escrito. Guerrero lo hizo. Existe una carta dirigida al entonces secretario con señalamientos sobre oficiales comisionados en Aduanas y las Asiponas. Cinco meses después fue asesinado en Manzanillo.
No fue el único muerto alrededor de esta historia. La FGR ha relacionado con la organización atribuida a los Farías los asesinatos de otros integrantes de la Marina y de una funcionaria de la Fiscalía de Colima. La hipótesis ministerial apunta a ejecuciones para intimidar, silenciar o eliminar obstáculos.
Por eso resulta elemental preguntar a Ojeda qué hizo después de que un contralmirante entró a su oficina, denunció una red dentro de la institución, señaló a personajes cercanos a su familia y terminó asesinado.
La FGR asegura que Ojeda acudió con Alejandro Gertz Manero en 2024 y pidió investigar sin importar quién estuviera involucrado. ¿Por qué entonces no hay una declaración ministerial sobre todo lo que reveló?
La defensa de los Farías lleva meses solicitándolo. Quiere saber qué conocía Ojeda, desde cuándo, qué recibió de Guerrero, qué hizo con la información y cuál fue su intervención respecto de sus sobrinos. En una audiencia reciente, según el abogado Epigmenio Mendieta, la Fiscalía informó que no había conseguido localizarlo para notificarlo.
El problema tampoco se reduce a los Farías. López Obrador entregó a la Marina los puertos y aduanas marítimas precisamente para combatir corrupción, contrabando y robo de combustibles. Ojeda recibió ese poder y debajo de esa estructura habría prosperado una organización que convirtió esas instalaciones en puertas de entrada del huachicol fiscal.
Si Ojeda no sabía lo que hacían altos mandos de su propia familia política, hubo una falla monumental de inteligencia, supervisión y mando. Si sabía, debe explicar desde cuándo y qué hizo para detenerlos. Y si hubo protección deliberada, corresponde a la Fiscalía investigarlo.
Sentar a Ojeda a declarar podría confirmar que fue él quien decidió destapar la corrupción. Pero también podría abrir la caja de Pandora del sexenio de López Obrador: quién sabía del huachicol fiscal, desde cuándo y hasta dónde llegaba una red instalada en las mismas aduanas que el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas.
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