— Mario Maldonado 10/09/2026
El Paquete Económico 2027 contiene una especie de mini reforma fiscal. El gobierno de Claudia Sheinbaum no aumenta el IVA ni modifica la tasa general de 30% del Impuesto Sobre la Renta, pero sí cambia las reglas para que algunas empresas terminen pagando más. El objetivo conjunto es elevar la recaudación, combatir la evasión y reducir el déficit. El problema es que algunas de las medidas pueden alcanzar también a compañías que cumplen con el fisco y realizan operaciones legítimas.
Una de las modificaciones más relevantes está en las deducciones. La propuesta aplicará a personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. Para estos contribuyentes, si sus deducciones autorizadas son iguales o inferiores a 96.67% de sus ingresos acumulables, el monto deducible durante el ejercicio quedará limitado a 99% de esas deducciones. Cuando superen ese umbral, el límite será equivalente a 96.67% de los ingresos.
Parece un ajuste pequeño. Para algunas empresas no lo será. Tomemos un negocio que obtiene ingresos por 100 pesos y tiene deducciones autorizadas por 95. Con las reglas actuales tendría una utilidad fiscal de cinco pesos y pagaría 1.50 pesos de ISR. Con la nueva fórmula podrá deducir 94.05 pesos, por lo que su utilidad gravable aumentará a 5.95 pesos y el ISR causado en ese ejercicio subiría a alrededor de 1.79 pesos.
La tasa del ISR seguirá siendo de 30%, pero en ese ejemplo el impuesto causado durante el ejercicio aumenta 19%. El impacto puede ser particularmente importante para empresas que operan con márgenes estrechos. Ahí entran grandes cadenas de autoservicio y retailers como Walmart y Chedraui, pero también distribuidores, mayoristas, comercializadoras como Sanborns y otros negocios donde el costo de la mercancía representa una proporción elevada de los ingresos.
Entre menor sea el margen, mayor puede ser proporcionalmente el efecto de perder un punto de deducibilidad.
Eso ayuda a entender por qué la propuesta encendió alertas durante la elaboración del Paquete Económico. Como contamos la semana pasada, en los primeros borradores hubo gestiones de grandes empresarios ante el gobierno para advertir que algunos de los cambios que se analizaban podían afectar de manera desproporcionada a compañías intensivas en costos y con márgenes reducidos.
Es cierto que Hacienda tiene argumentos para endurecer las reglas. La autoridad identificó 129 mil empresas que reportaron pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales y 54 mil que acumularon al menos cinco años consecutivos en números rojos. En contraste, entre 2021 y 2024 los ingresos acumulables de las personas morales crecieron 9.8% en términos reales.
El gobierno considera que detrás de una parte de esa discrepancia existen deducciones improcedentes, operaciones simuladas y estructuras utilizadas para disminuir artificialmente la base gravable. Combatir esas prácticas no sólo es justificable, sino necesario.
El punto controversial está en el mecanismo elegido. La propia justificación de la reforma señala que Hacienda encontró que, entre determinados contribuyentes, los gastos realizados con empresas que presentan características de factureras representan en promedio alrededor de 1% de sus deducciones. De ahí surge el factor de 99% que ahora pretende aplicar.
Pero una cosa es perseguir una factura falsa y otra reducir de manera general el monto que una empresa puede deducir. La nueva regla no se limita a desconocer una operación simulada previamente identificada, sino que aplica una fórmula a los contribuyentes que entren en el supuesto. Eso significa que una empresa que pueda acreditar que sus compras y gastos son legítimos también podría enfrentar una mayor base gravable y pagar más ISR durante el ejercicio.
Ahí está la discusión de fondo. El SAT quiere cobrar más a quienes evaden, pero el diseño elegido puede terminar cobrando más también a quienes no lo hacen.
Hay otra pieza relevante. El Paquete Económico proyecta un aumento importante en la recaudación del IEPS a combustibles automotrices. Ese incremento, por sí solo, no permite concluir que Hacienda vaya a eliminar los estímulos fiscales ni a liberar el precio de las gasolinas. Parte de la estrategia pasa por aumentar los controles y la fiscalización en la cadena de combustibles para combatir evasión, contrabando y operaciones simuladas.
El gobierno de Sheinbaum necesita más recursos para reducir el déficit y quiere conseguirlos sin pagar el costo político de elevar las principales tasas impositivas. Por eso está buscando dinero en las deducciones, las pérdidas fiscales, una fiscalización más agresiva y otros ajustes al sistema.
Los alrededor de 300 mil millones de pesos adicionales que se buscaban comienzan a tomar forma. La reforma fiscal, al final, llegó por otra vía. No aumentaron las principales tasas de impuestos, pero cambiaron las reglas para recaudar más.
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