— Agencias 07/09/2026
Comunidades indígenas de Michoacán frenaron un foro del INPI y acusaron una consulta discriminatoria por excluir a 109 comunidades del proceso.
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) impidieron la realización de un foro convocado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al considerar que la propuesta de consulta sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos es “discriminatoria, simulada y fallida”.
El organismo indígena afirmó que el procedimiento dejaría fuera a 109 de aproximadamente 500 comunidades indígenas de Michoacán que no aparecen en el catálogo utilizado por el INPI, además de cuestionar que las decisiones no sean tomadas mediante las asambleas generales de cada comunidad.
CSIM acusa exclusión de 109 comunidades
De acuerdo con el CSIM, el proceso de consulta propuesto por el INPI no contempla a todas las comunidades indígenas de Michoacán, debido a que 109 localidades no estarían incluidas en el catálogo oficial utilizado para identificar a los pueblos participantes.
La organización sostuvo que esta exclusión afecta el derecho de las comunidades a participar directamente en decisiones relacionadas con sus derechos colectivos y con las políticas públicas que les conciernen.
El Consejo también rechazó que los acuerdos puedan ser determinados posteriormente por autoridades federales sin que las propuestas surgidas de las comunidades tengan carácter obligatorio.
Cuestionan que no se respeten las asambleas comunitarias
Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con la forma en que se desarrolla la consulta.
El CSIM señaló que los foros no respetan los usos y costumbres de las comunidades, particularmente porque las decisiones no estarían surgiendo de las asambleas generales, consideradas por los pueblos como su máxima autoridad.
La organización exigió que cualquier proceso de consulta respete los tiempos, formas de organización y mecanismos de decisión propios de cada comunidad indígena.
Indígenas consideran insuficiente el tiempo para analizar la propuesta
El Consejo Supremo Indígena también cuestionó la metodología utilizada para discutir la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Según el CSIM, resulta inviable analizar y debatir 453 artículos durante jornadas de aproximadamente cinco horas.
Por ello, consideró que el procedimiento no permitiría una discusión adecuada ni garantizaría una participación informada de las comunidades.
El organismo también criticó que las opiniones expresadas durante los foros no tengan carácter vinculatorio, debido a que el Gobierno federal podría decidir posteriormente qué propuestas incorpora y cuáles descarta.
Queman mobiliario durante protesta en instalaciones del INPI
Durante la manifestación en las instalaciones del INPI, los inconformes prendieron fuego a sillas y algunas mesas que se encontraban en el lugar.
La dirigencia del CSIM sostuvo que el objetivo de la protesta era impedir la realización del foro y calificó su manifestación como pacífica.
El episodio ocurrió en medio del rechazo de la organización al mecanismo de consulta impulsado por el instituto federal.
CSIM rechaza al INPI como representante del pueblo purépecha
El dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán, afirmó que la organización no reconoce al INPI como una representación legítima del pueblo purépecha.
Guzmán también cuestionó diversos aspectos de la propuesta legislativa y sostuvo que, desde la perspectiva del Consejo, representa un retroceso en la defensa histórica del territorio de los pueblos originarios.
El dirigente reclamó que se garanticen derechos relacionados con la libre autodeterminación, presupuesto directo, seguridad pública, justicia y preservación ecológica de los territorios indígenas.
Exigen protección de territorios y recursos naturales
Además de cuestionar el proceso de consulta, el CSIM pidió que las autoridades atiendan problemas que afectan directamente a las comunidades.
Entre sus demandas mencionó la protección de los acuíferos y el Lago de Zirahuén, así como la defensa de los territorios indígenas frente a distintas amenazas ambientales y económicas.
La organización sostuvo que estos temas requieren acciones concretas y no únicamente la realización de foros informativos.
Preparan acciones jurídicas contra el proceso
El Consejo Supremo Indígena anunció que recurrirá a acciones legales mediante el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua para defender los derechos colectivos de los pueblos y comunidades originarias.
La organización busca cuestionar jurídicamente el procedimiento de consulta y exigir que cualquier proceso relacionado con los derechos indígenas cumpla con las garantías de participación, autodeterminación y respeto a las formas de organización comunitaria.
El conflicto mantiene abierta la discusión sobre la manera en que el Gobierno federal debe consultar a los pueblos indígenas y sobre el alcance que deben tener las decisiones surgidas de estos procesos.
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