— Gilberto Ortiz 03/09/2026
El contralor municipal de Piedras Negras, Adrián García Loza, acudió este jueves a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para comparecer dentro de una carpeta de investigación en la que figura en calidad de imputado por el delito de prevaricación administrativa, luego de una denuncia presentada por el exdirector del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Lorenzo Menera Sierra.
La comparecencia se realizó ante la autoridad ministerial como parte del procedimiento de investigación iniciado a partir de los señalamientos formulados contra el funcionario municipal. García Loza acudió acompañado por la apoderada legal del Ayuntamiento, Ariana García Bosque.
Durante la diligencia, el contralor decidió ejercer su derecho constitucional a guardar silencio, de acuerdo con la estrategia recomendada por su defensa. Esta facultad se encuentra contemplada en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a toda persona imputada el derecho a declarar o guardar silencio, sin que este último pueda ser utilizado en su perjuicio.
Por lo anterior, durante la comparecencia se levantó el acta correspondiente y se dejó constancia de la decisión del funcionario de no emitir declaración ante la Fiscalía. La investigación continuará su curso y corresponderá al Ministerio Público realizar las indagatorias necesarias para determinar si existen elementos que sustenten los señalamientos contenidos en la denuncia.
De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, la prevaricación administrativa se encuentra contemplada dentro de los delitos contra la impartición de justicia, específicamente en el artículo 395, fracción II. La legislación establece que este delito puede configurarse cuando una autoridad administrativa, actuando de manera unipersonal o como integrante de una autoridad colegiada, dicta una resolución cuyos aspectos concretos se oponen a disposiciones claras y terminantes de la Constitución, de una ley o reglamento, o cuando la resolución resulta claramente contraria a los medios de prueba presentados, siempre que se produzca una afectación en determinados derechos protegidos por la legislación.
El propio ordenamiento establece que, para que la conducta sea considerada dentro de este supuesto penal, deben actualizarse los elementos previstos por la norma; es decir, no toda controversia o posible irregularidad administrativa constituye automáticamente el delito de prevaricación. La Fiscalía deberá determinar, a partir de las pruebas y diligencias, si existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.
Cabe recordar que la denuncia presentada por Lorenzo Menera Sierra ocurre en un contexto de controversias entre el exfuncionario del SIMAS y la Contraloría Municipal. Previamente, la Contraloría emitió una resolución administrativa relacionada con Menera y otro exfuncionario del organismo operador, determinando su separación e inhabilitación por un año, resolución que el contralor sostuvo estaba sustentada en procedimientos administrativos derivados de posibles irregularidades detectadas durante sus funciones.
Durante la jornada, el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez acudió también a las instalaciones de la Fiscalía para brindar apoyo moral al contralor municipal.
El presidente municipal señaló que el Ayuntamiento mantiene disposición para colaborar con la Fiscalía General del Estado y proporcionar la información o documentación que sea requerida dentro de la investigación.
La comparecencia de Adrián García Loza representa, por ahora, una etapa dentro de la investigación ministerial. Será la autoridad competente la que determine, conforme avance la indagatoria y se incorporen los elementos de prueba, si existen responsabilidades penales o si el caso debe ser concluido sin que se ejerza acción penal.
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