— Penélope Cueto 02/09/2026
Saltillo, Coahuila, 2 de septiembre de 2026.- La próxima semana se presentará en el Congreso del Estado la ley disciplinaria que aplicará el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, normativa con la que el Poder Judicial busca regular de manera integral los procedimientos internos.
El magistrado presidente, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que la legislación se encuentra en proceso.
Mery Ayup detalló que actualmente existen alrededor de cuarenta expedientes disciplinarios abiertos dentro del Consejo de la Judicatura.
Explicó que cuatro o cinco corresponden a jueces, mientras que el resto involucra temas relacionados con actuarios,secretarios o diferencias surgidas en áreas del juzgado.
“Las quejas abarcan desde una atención deficiente hasta criterios jurisdiccionales cuestionados por las partes”, indicó.
El magistrado aclaró que no se trata de señalamientos graves. “No hay un solo caso que evalúe como grave dentro del Consejo”, afirmó.
Modernización y responsabilidades internas
En materia de modernización del Poder Judicial, Mery Ayup subrayó que el recurso humano es quien resuelve las quejas de la ciudadanía y que cada funcionario debe concentrarse en sus responsabilidades, razón por la que se procura equipar con todas las herramientas tecnológicas necesarias.
Indicó que la modernización permite conocer indicadores como el número de sentencias dictadas por cada juez y que, al contar con herramientas adecuadas, los servidores públicos pueden enfocarse en su labor jurisdiccional.
Añadió que el cambio generó resistencia en algunas personas acostumbradas a un esquema más cómodo, pero sostuvo que Coahuila atraviesa una nueva etapa que exige mayor rigor institucional.
“Por eso la transformación del cuerpo judicial y por eso la incorporación de herramientas digitales y por eso una Ciudad Judicial que es un modelo nacional”, afirmó al destacar los avances estructurales.
Finalmente, Mery Ayup señaló que el Poder Judicial no se encuentra en medio de la política, sino en medio de los conflictos de la ciudadanía, y que su función es resolverlos con imparcialidad.
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