— Agencias 31/08/2026
Un ciudadano denunció a dos funcionarios municipales por presunto allanamiento, amenazas y abuso de autoridad durante trabajos de medición en su predio.
El ciudadano Raúl Galicia Meléndez presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la síndica municipal de San José Miahuatlán, Micaela Sidar Juárez, y el juez de paz de la colonia Centro, Antioco Donaldo Jiménez Castillo, por los presuntos delitos de allanamiento de morada, amenazas y abuso de autoridad.
De acuerdo con lo expuesto por el denunciante, los funcionarios habrían ingresado a su predio sin autorización durante los días 2, 9 y 16 de agosto, acompañados por más de 30 personas que presuntamente realizaban labores de medición.
Denunciante acusa ingreso a su predio
Galicia Meléndez sostuvo que los ingresos al terreno ocurrieron de manera injustificada y que las personas que acompañaban a los funcionarios realizaron trabajos relacionados con la delimitación del predio.
Según su denuncia, la síndica argumentó que las acciones respondían a una inconformidad vecinal en el callejón Santo Domingo.
Sin embargo, el ciudadano afirmó que detrás de las mediciones existiría la intención de quitarle una fracción de su terreno para favorecer presuntamente a familiares de la funcionaria.
Estas acusaciones forman parte de la denuncia presentada ante el Ministerio Público y deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes.
Acusa amenazas durante comparecencia
El denunciante también señaló que fue citado a una comparecencia en el Ayuntamiento, donde presuntamente recibió amenazas de la síndica municipal.
De acuerdo con su versión, la funcionaria habría advertido que podría ser encarcelado si se oponía a los trabajos relacionados con la delimitación del terreno.
Galicia Meléndez consideró que estas acciones podrían constituir un abuso de autoridad y solicitó que los hechos sean investigados.
Pide protección para él y su familia
Ante lo que considera un riesgo de nuevas agresiones, el ciudadano solicitó al Ministerio Público la integración de una carpeta de investigación y la emisión de medidas de protección para él y sus familiares.
La petición busca prevenir posibles nuevos incidentes mientras avanzan las diligencias.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden a los señalamientos realizados por el denunciante y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existen elementos para acreditar alguna responsabilidad penal.
El caso permanece bajo investigación y no implica, por sí mismo, una determinación de culpabilidad contra los funcionarios señalados.
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