— Agencias 30/08/2026
En México, 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, uno de cada dos, viven en hogares donde el teléfono celular es la única tecnología disponible.
A escala nacional, 60.5% de los menores que usan internet se conecta exclusivamente mediante el móvil y apenas 35.2% logra hacerlo desde la escuela.
Estas cifras son estimaciones de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) del Tec de Monterrey y México Evalúa, elaborados con microdatos de la ENDUTIH 2025 del Inegi y forman parte del análisis "Preguntar qué necesitan las escuelas sin saber qué tienen: La consulta de la SEP sobre uso de dispositivos digitales en las escuelas".
El documento advierte que la Secretaría de Educación Pública busca conocer qué apoyos requieren los planteles para regular los dispositivos, pero no pregunta si tienen internet, equipos propios ni espacios donde guardar los celulares.
El documento, coordinado por Marco Antonio Fernández y elaborado con la participación de Javier García Patiño, Roberto de la Rosa, Karla Contreras y Sandra Reyes, pone el foco en una brecha: mientras más precarias son las condiciones del hogar, mayor es la dependencia del teléfono y menor la posibilidad de conectarse desde la escuela.
Entre los usuarios de internet de 6 a 17 años del estrato bajo, sólo 26.1% tiene conexión desde el plantel, 77% depende exclusivamente del celular y 73.1% vive en hogares sin computadora, laptop ni tableta, equivalente a 4.2 millones.
En el estrato medio bajo, 32.1% logra conectarse desde la escuela, 64.4% accede a internet únicamente mediante el teléfono y 52.1% carece de otros equipos en casa, unos 7 millones de menores.
La diferencia se acentúa frente a los sectores con mayores recursos: en el estrato alto, 57.2% puede conectarse desde la escuela, sólo 30% depende exclusivamente del celular y 11.2% vive sin computadora, laptop o tableta, alrededor de 200 mil menores.
El contraste también aparece entre el campo y las ciudades. En zonas rurales, 28% se conecta a internet en la escuela, 75.7% depende exclusivamente del celular y 69.8% vive en hogares sin computadora, laptop ni tableta. En zonas urbanas, esos porcentajes son de 37.3%, 56.1% y 41.9%, respectivamente.
"La escuela compensa menos justo donde el hogar depende más del celular", señala el documento al comparar ambos extremos: la conexión desde el plantel pasa de 26.1% en el estrato bajo a 57.2% en el alto, mientras la dependencia exclusiva del teléfono disminuye de 77% a 30%.
El aparato que se busca regular es, además, una herramienta escolar para millones de alumnos. El 88.2% de los usuarios de celular de 12 a 14 años declara utilizarlo para actividades escolares y 82% de los usuarios de internet de 6 a 17 años lo emplea para hacer tareas. Sólo 35.2%, sin embargo, puede conectarse dentro de su plantel.
A ese escenario se suma la infraestructura de las escuelas. El informe "Aprender Parejo", elaborado por la IEEC y México Evalúa en 2024, encontró que únicamente 35 de cada 100 escuelas públicas de educación básica cuentan con computadoras e internet para fines pedagógicos.
De ahí que el análisis advierta sobre la aplicación de una misma regla para planteles y alumnos con condiciones distintas. Durante la clase, guardar el celular puede preservar el tiempo lectivo, señala, pero cuando la prohibición se extiende al resto de la jornada el impacto cambia: quien tiene computadora en casa pierde un dispositivo entre varios; quien sólo dispone del teléfono pierde su única vía de acceso a internet.
La consulta de la SEP se levantó el 24 y 25 de agosto, durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, mediante cuestionarios en línea enviados a docentes, directivos, supervisores y asesores técnico-pedagógicos de más de 200 mil planteles. El gobierno anunció que buscaría conocer la opinión de más de un millón de maestras y maestros de educación básica.
No obstante, el documento señala que no se hizo público si cada cuestionario debía responderse de manera individual o por colectivo docente ni si la participación era obligatoria u optativa, por lo que la cifra de un millón de maestros convocados no necesariamente equivale a un millón de respuestas.
El análisis encontró además un marcado énfasis en los riesgos. Los cuestionarios de preescolar, primaria y secundaria tienen 70 reactivos cada uno. Once corresponden a datos de ubicación y, de los 59 restantes, 34 preguntan por afectaciones o riesgos y sólo tres exploran el uso pedagógico de la tecnología.
Esos 34 reactivos se reparten en 20 sobre desarrollo físico, cognitivo y social; cuatro sobre convivencia y bienestar emocional, y diez sobre riesgos y protección. Se pregunta por dificultades de atención y memoria, problemas de lenguaje, menor actividad física, coordinación motriz, menor interacción presencial, creatividad, resolución de problemas, cansancio, somnolencia y regulación de emociones.
También se indaga sobre difusión de fotos, audios o videos sin consentimiento, ciberacoso, contenidos violentos o sexuales, contacto con desconocidos, divulgación de datos personales, suplantación de identidad, fraudes, información falsa, contenidos con expectativas poco realistas y retos virales.
Pero la consulta no pregunta qué ocurre después de que la escuela detecta alguno de esos riesgos: si existe un protocolo, a quién se reporta, si se informa a la familia, si el estudiante es canalizado o si el problema se resuelve.
El análisis propone subsanar ese vacío con preguntas sobre protocolos escritos, acciones adoptadas frente al último incidente, instancias externas de apoyo, como supervisión escolar, autoridades educativas, fiscalías, policía cibernética o servicios de salud, y el número de casos que fueron resueltos.
Otro punto señalado es que aunque el debate nacional comprende celulares, redes sociales e inteligencia artificial, el cuestionario prácticamente se concentra en el primero: sólo una de sus 70 preguntas aborda redes sociales y la IA no aparece como tema propio, sino únicamente como opción de respuesta relacionada con usos pedagógicos y medidas de protección.
Los formularios de preescolar, primaria y secundaria, además, son idénticos entre sí salvo por algunas opciones de servicio y los grados atendidos. La única versión realmente diferenciada es la de educación inicial, que contiene 21 reactivos. El estudio señala que no queda claro cómo se convertirán respuestas prácticamente iguales en reglas distintas según la edad y el nivel escolar.
La falta de información sobre dónde guardar los teléfonos es otra de las omisiones que destaca el documento. Para mostrar el problema, recupera la experiencia de Brasil, donde la legislación para restringir celulares se aplica ya en 92% de los planteles.
Una encuesta realizada entre marzo y abril de 2026 a directivos de 8 mil 189 escuelas brasileñas encontró que 39% considera una dificultad alta garantizar infraestructura para resguardar los aparatos. El porcentaje sube a 45% en las escuelas públicas y baja a 18% en las privadas.
Apenas una de cada diez cuenta con casilleros individuales y en 62% de los planteles el estudiante conserva el teléfono apagado en su mochila.
Para México, los autores plantean agregar diez preguntas que permitan saber si cada plantel tiene internet y cobertura en las aulas, si puede administrar o filtrar su red, si dispone de aula de medios, cuántos equipos funcionan, si éstos alcanzan para los alumnos, dónde se guardarían los celulares y quién asumiría su custodia.
También proponen preguntar qué ocurre cuando una actividad requiere un dispositivo y el alumno no tiene uno, así como conocer si existen acuerdos con las familias sobre el uso de aparatos fuera de la jornada escolar y sobre la responsabilidad en caso de pérdida o daño durante su resguardo.
El análisis llama además la atención sobre las telesecundarias: en México hay 1.34 millones de alumnos en 18 mil 929 planteles de esa modalidad, equivalentes a 21.3% de la matrícula nacional de secundaria. Pese a ello, el cuestionario no profundiza en los casos en los que el dispositivo puede ser un medio de instrucción y retirarlo implicaría suspender una actividad escolar.
La consulta tampoco recoge directamente la voz de estudiantes ni familias. El levantamiento está dirigido al personal educativo, pese a que, señala el estudio, gran parte del uso ocurre fuera del horario escolar y se pretende diseñar una regulación sobre hábitos de niñas, niños y adolescentes sin preguntarles cómo utilizan los dispositivos, para qué los necesitan o qué harían si se les retiraran.
El documento identifica otra oportunidad desaprovechada en las 16 entidades que según la SEP, ya tienen alguna disposición vigente: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
La consulta sólo pregunta si existen lineamientos, pero no si se aplican, qué problemas han enfrentado las escuelas ni qué resultados han obtenido. Cinco o seis reactivos adicionales dirigidos a los docentes de esas entidades, sostiene el análisis, podrían recuperar esa experiencia.
Los autores también advierten que la convocatoria abarca al universo del magisterio de educación básica, por lo que no se trata de una muestra, sino de "un censo con no respuesta". Sin información sobre quién participó y quién no, cualquier resultado nacional deberá atribuirse únicamente a "las y los docentes que participaron".
Hasta la elaboración del documento tampoco se había informado quién analizaría los resultados, en qué plazo serían presentados, si se publicarían desagregados por entidad, nivel y tipo de servicio ni qué medición serviría como punto de comparación para saber posteriormente si la regulación funcionó.
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