— Agencias 27/08/2026
Familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud exigieron una disculpa pública y cuestionaron las omisiones de autoridades estatales.
Familiares de personas fallecidas cuyos restos fueron encontrados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua, exigieron una disculpa pública al gobierno de la gobernadora Maru Campos, además de una investigación que permita esclarecer las omisiones de funcionarios y garantizar el derecho de los deudos a conocer la verdad sobre el destino de sus familiares.
El reclamo fue realizado por el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, luego de que un representante del gobierno estatal defendiera la actuación de funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), quienes fueron señalados por no haber supervisado el establecimiento durante varios años.
¿Qué ocurrió en el crematorio Plenitud?
El caso salió a la luz el 26 de junio de 2025, cuando policías municipales localizaron 386 cadáveres y segmentos óseos dentro de las instalaciones del crematorio Plenitud.
Los cuerpos fueron encontrados apilados en distintas habitaciones y en condiciones insalubres, lo que provocó una investigación para determinar cómo pudieron permanecer en el inmueble sin que las autoridades detectaran la situación.
Posteriormente, las investigaciones revelaron que entre 2022 y 2025 algunas familias habrían recibido cenizas que no correspondían con sus familiares fallecidos.
El hallazgo generó incertidumbre entre cientos de familias que habían contratado servicios funerarios relacionados con el crematorio y que ahora buscan conocer qué ocurrió realmente con los restos de sus seres queridos.
Familias cuestionan actuación de Coespris
El colectivo rechazó las declaraciones de Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora, quien defendió a inspectores de Coespris y afirmó que habían actuado de buena fe.
Las familias consideraron que esa explicación minimiza la gravedad de lo ocurrido, debido a que, según sus señalamientos, la dependencia dejó de supervisar el crematorio desde marzo de 2022.
El colectivo sostuvo que no se trata únicamente de una falla administrativa, sino de posibles omisiones y responsabilidades institucionales que deben ser investigadas.
Las familias también señalaron que la Fiscalía General del Estado estableció una temporalidad de aproximadamente cinco años para las investigaciones relacionadas con los restos encontrados.
¿Por qué las familias hablan de cenizas falsas?
Uno de los principales reclamos de los afectados está relacionado con la posibilidad de que algunas familias hayan recibido cenizas que no corresponden a sus seres queridos.
El colectivo señaló que más de mil 600 familias contrataron servicios con funerarias vinculadas al horno del crematorio.
La organización considera que esta situación debe ser esclarecida mediante investigaciones científicas y documentales que permitan establecer la identidad de los restos y determinar qué ocurrió con los cuerpos entregados a las familias.
El problema también involucra documentación oficial. El colectivo denunció que el Registro Civil de Ciudad Juárez emitió algunas actas de defunción con destino de inhumación, es decir, sepultura en un panteón, mientras que las familias recibían cenizas con la indicación de que los restos habían sido cremados.
Para los afectados, esta diferencia requiere una investigación debido a que podría revelar irregularidades en los procedimientos utilizados para registrar y entregar los restos.
¿Qué exigen los familiares?
A través de un pliego petitorio, Justicia para Nuestros Deudos exigió una respuesta pública de las autoridades y que se reconozca el impacto que el caso ha tenido en las familias.
Los afectados buscan principalmente conocer la verdad sobre el destino de los cuerpos, determinar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
También cuestionan que, a más de un año del descubrimiento, no exista una sanción pública contra servidores relacionados con las instituciones que debían supervisar las actividades del crematorio.
Para las familias, el proceso no puede limitarse a identificar los restos encontrados, sino que debe establecer cómo fue posible que el establecimiento operara durante años sin que las irregularidades fueran detectadas.
Crematorio obtuvo permisos antes de la tragedia
El colectivo también puso bajo cuestionamiento los antecedentes administrativos del establecimiento.
De acuerdo con sus señalamientos, el crematorio Plenitud obtuvo permisos de Coespris en 2020, cuando María Eugenia Galván Antillón, madre de la gobernadora Maru Campos, se encontraba al frente de esa dependencia.
Este señalamiento forma parte de las preguntas que los familiares consideran necesario esclarecer dentro de las investigaciones.
La relación temporal no implica por sí misma responsabilidad de la exfuncionaria, pero los afectados consideran necesario revisar cómo se otorgaron los permisos y qué mecanismos de supervisión existieron posteriormente.
A más de un año, familias siguen esperando respuestas
El caso Plenitud continúa representando una de las mayores crisis para familias de personas fallecidas en Ciudad Juárez, debido a la incertidumbre sobre la identidad y destino de numerosos restos.
Mientras las autoridades continúan con los procesos de identificación e investigación, los familiares demandan que se esclarezcan las posibles omisiones cometidas por las instituciones encargadas de supervisar el funcionamiento del crematorio.
Para el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, la prioridad es que las familias puedan conocer qué ocurrió con sus seres queridos y que, en caso de comprobarse responsabilidades, los funcionarios involucrados sean sancionados conforme a la ley.
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