— Agencias 21/08/2026
La SCJN revocó una resolución que había frenado el proceso contra tres exfuncionarios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una resolución que había impedido continuar una causa penal contra tres exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública por la adjudicación de ocho contratos que superaron los 276 mil millones de pesos para construir y operar 12 centros penitenciarios federales durante el gobierno de Felipe Calderón.
¿Qué decidió la Suprema Corte?
Con siete votos contra dos, la SCJN dejó sin efecto el fallo de un Tribunal Colegiado que había determinado archivar el caso.
La Corte consideró que el análisis del posible daño al patrimonio público no puede limitarse a determinar si los funcionarios tenían facultades para firmar los contratos, sino que también debe revisarse el impacto económico de las operaciones para el Estado.
La resolución permite que el procedimiento contra los exfuncionarios continúe conforme a las determinaciones de las autoridades judiciales correspondientes.
¿De qué contratos se trata?
Las investigaciones se relacionan con ocho contratos firmados entre 2010 y 2011 para la construcción y operación privada de 12 centros penitenciarios federales.
El esquema contemplaba que empresas privadas construyeran y administraran los penales durante 22 años, con un costo diario aproximado de 3 mil 500 pesos por persona privada de la libertad.
Al concluir el periodo establecido, los centros penitenciarios pasarían a ser propiedad de las empresas participantes.
Los contratos contemplaban instalaciones para una capacidad total de aproximadamente 32 mil 500 internos.
¿Qué exfuncionarios son investigados?
En 2020, la entonces Secretaría de Seguridad Pública presentó acusaciones contra tres exfuncionarios por uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.
Entre ellos se encontraban funcionarios relacionados con las áreas de adquisiciones y administración de la dependencia.
Las investigaciones se enfocaron en la forma en que fueron adjudicados los contratos y las condiciones bajo las cuales se establecieron los compromisos económicos para el Estado.
¿Qué penales están involucrados?
Los contratos corresponden a centros penitenciarios federales ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila.
En Coahuila se encuentra el Cefereso 18, ubicado en Ramos Arizpe.
¿Por qué el caso había sido frenado?
En enero de 2022, un juez de control determinó la no vinculación a proceso y el sobreseimiento parcial a favor de los acusados, al considerar que los delitos habían prescrito.
La Secretaría de Seguridad Pública promovió un amparo para impugnar esa determinación, pero posteriormente un Tribunal Colegiado rechazó el recurso.
Ahora, la resolución de la Suprema Corte revierte ese criterio y abre nuevamente la posibilidad de que el caso avance.
Contratos fueron cuestionados por su costo
Los contratos también fueron cuestionados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien calificó el esquema como perjudicial para las finanzas públicas y planteó modificar las condiciones.
En 2021, el entonces presidente señaló que ya se habían destinado 85 mil 398 millones de pesos, mientras que permanecían comprometidos otros 190 mil 638 millones de pesos.
La nueva resolución de la SCJN no representa una sentencia contra los exfuncionarios, sino que permite que las autoridades continúen con el análisis judicial del caso y determinen las responsabilidades que correspondan.
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