— Agencias 20/08/2026
La SCJN mantuvo vigentes normas de Durango y Morelos pese a reconocer que no hubo consulta previa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió este miércoles una sesión dividida sobre el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas, luego de que el Pleno invalidara disposiciones de Chiapas, pero mantuviera vigentes normas de Durango y Morelos que también fueron aprobadas sin una consulta previa.
Ministros frenan invalidez de norma de Durango
Una mayoría de cinco ministros respaldó el proyecto de Yasmín Esquivel, que proponía invalidar una disposición de la Ley de Educación de Durango debido a que no se realizó una consulta previa a las personas con discapacidad.
La norma permite que estudiantes realicen su servicio social como auxiliares educativos o “maestros sombra” para acompañar a alumnos con discapacidad.
Esquivel sostuvo que la consulta constituye un derecho sustantivo y que su ausencia representa por sí misma una afectación a las personas que debieron ser consultadas.
Sin embargo, los votos del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González impidieron alcanzar la mayoría calificada necesaria para invalidar la disposición.
Bloque de ministros considera que la norma representa un beneficio
Los ministros que votaron contra la invalidez reconocieron que la consulta es una obligación, pero consideraron que eliminar la norma podría perjudicar a las personas con discapacidad que actualmente reciben acompañamiento.
Herrerías Guerra sostuvo que lo ideal sería realizar la consulta, pero advirtió que invalidar la disposición dejaría sin ese apoyo a los estudiantes.
Aguilar Ortiz consideró que, aunque la norma puede no ser perfecta por no haber sido consultada, representa un avance para las personas con discapacidad.
Ríos González coincidió en que la disposición busca facilitar el servicio social de estudiantes y beneficiar a quienes requieren apoyo educativo.
Ministra cuestiona que la Corte decida qué beneficia a las personas
Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf cuestionó que los integrantes del Pleno determinen por su cuenta qué resulta conveniente para las personas con discapacidad.
La ministra recordó que son precisamente las personas directamente afectadas quienes deben participar en las decisiones relacionadas con sus derechos.
Su postura cobró especial relevancia debido a que durante una sesión previa mostró públicamente el implante coclear que utiliza por su discapacidad auditiva.
Ortiz Ahlf advirtió que la Corte podría estar repitiendo el error de sustituir la voluntad de las personas que deben ser consultadas.
También mantienen vigente norma de Morelos
El mismo bloque de ministros impidió que prosperara el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, que proponía invalidar la totalidad de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición de Espectro Autista del Estado de Morelos.
El proyecto señalaba que el Congreso estatal no realizó una consulta previa pese a que la legislación regula directamente derechos de personas con discapacidad.
La propuesta contemplaba diferir durante 12 meses la invalidez para permitir la realización de una consulta y posteriormente emitir una nueva regulación.
Sin embargo, la votación no alcanzó la mayoría calificada necesaria y la legislación permaneció vigente.
Corte sí invalida disposiciones de Chiapas
La contradicción quedó expuesta porque, durante la misma sesión, el Pleno sí invalidó diversas disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada de Chiapas.
La decisión se sustentó en que las normas incidían directamente en los derechos de las personas con discapacidad y fueron aprobadas sin realizar la consulta correspondiente.
El proyecto sostuvo que las propias personas con discapacidad deben determinar si las medidas relacionadas con su derecho a rechazar anticipadamente determinados tratamientos médicos son adecuadas, suficientes y accesibles.
Debate sobre consulta suma casi cinco horas
La discusión sobre la consulta previa a personas con discapacidad lleva dos días en la Suprema Corte.
Hasta ahora, el Pleno ha resuelto cuatro de cinco proyectos relacionados con este tema y acumula casi cinco horas de debate.
La sesión también volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre los ministros sobre las consecuencias jurídicas de aprobar normas que afectan directamente a personas con discapacidad sin realizar previamente los mecanismos de consulta.
El debate continuará conforme la Corte avance en el análisis de los asuntos pendientes.
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