— Agencias 18/08/2026
Estados Unidos sancionó a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al magistrado Abdoulaye Seye, acusándolos de impulsar acciones sin jurisdicción reconocida.
Estados Unidos anunció este 18 de agosto de 2026 sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, como parte de su campaña contra el tribunal, al que la administración de Donald Trump acusa de estar politizado.
Sanciones de Estados Unidos contra la CPI
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Akane y Seye participaron directamente en intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción del tribunal.
Las medidas también fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que permitirá operaciones limitadas relacionadas con cuentas de Akane y Seye para liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.
La OFAC señaló además que las sanciones abarcan transacciones con entidades en las que las personas mencionadas posean, de manera directa o indirecta, una participación de 50 por ciento o más.
Tomoko Akane y Abdoulaye Seye
Como presidenta de la CPI, Tomoko Akane desempeña principalmente funciones institucionales y de representación de la corte. Por su parte, Abdoulaye Seye, magistrado de Senegal, actualmente sustituye al fiscal de la CPI.
Seye parece haber supervisado investigaciones relacionadas con la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, un ámbito especialmente sensible para Washington.
Rubio sostuvo que la administración Trump considera a la Corte Penal Internacional como un tribunal supranacional corrupto y politizado, y afirmó que Estados Unidos no tolerará acciones que considere un ataque contra la soberanía estatal.
CPI advierte riesgos para el Estado de derecho
La Corte Penal Internacional respondió que las nuevas sanciones estadounidenses socavan el Estado de derecho y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
El tribunal señaló que las medidas contra jueces, fiscales y trabajadores que cumplen con el mandato otorgado por los Estados representan una amenaza para el sistema jurídico internacional.
Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que creó la Corte Penal Internacional en 2000, y no reconoce la jurisdicción de esta institución con sede en La Haya, encargada de casos relacionados con genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Antecedentes de las sanciones contra la CPI
La administración Trump ya ha impuesto sanciones, incluida la prohibición de viajar a Estados Unidos y el congelamiento de activos en ese país, contra varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente por investigaciones relacionadas con Israel.
En 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza, además de órdenes contra integrantes de Hamas.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva que calificó distintas iniciativas de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional. Desde entonces, la administración estadounidense ha utilizado esa orden para sancionar a fiscales y jueces del tribunal, así como a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
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