— Mario Maldonado 13/08/2026
El cerco político, judicial y legislativo sobre Alejandro Moreno Cárdenas comenzó a cerrarse esta semana. La detención del contador vinculado a su hermano y la de quien fue su director de Comunicación Social en Campeche ocurrieron al mismo tiempo que Morena reactivó la operación para retirarle el fuero. A todo esto se suma la reorganización de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y la confrontación abierta entre legisladores del PRI y del partido gobernante. Los acontecimientos son parte de una ofensiva que coloca al senador y presidente nacional del PRI ante el momento más delicado de su carrera política.
La orden para procesar su desafuero ya fue dada. Fuentes gubernamentales aseguran que tanto la dirigencia de Morena como Palacio Nacional pidieron a la Cámara de Diputados sacar el expediente de la congeladora y resolverlo durante el periodo ordinario que comienza en septiembre. La instrucción alcanza a la bancada que coordina Ricardo Monreal y obligará a recomponer la Sección Instructora, el órgano encargado de determinar si existen elementos para retirarle la inmunidad al dirigente priista.
El lunes fue detenido en la Ciudad de México, Luis Antonio Espinosa Campos, contador que prestó servicios a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alito. Un día después, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche aprehendió a Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social durante la administración de Moreno en aquella entidad.
Ambos son investigados por su presunta participación en operaciones relacionadas con la televisora Mayavisión y empresas señaladas como factureras. La indagatoria se concentra en un supuesto desvío de 36 millones de pesos, aunque las autoridades también revisan pagos por alrededor de 97 millones realizados a esa empresa durante el gobierno de Moreno. Se busca establecer si los servicios contratados fueron efectivamente prestados.
Las aprehensiones no pueden leerse sino como una nueva ofensiva contra Alito, quien ciertamente arrastra un pasado político más que cuestionable. La Fiscalía de Campeche ha solicitado retirarle el fuero para procesarlo por presunto peculado y uso indebido de atribuciones. Una de las acusaciones se relaciona con un posible desvío de 83.5 millones de pesos. En abril, las autoridades estatales enviaron información adicional a la Cámara de Diputados y el asunto quedó en condiciones de ser dictaminado.
El obstáculo inmediato es la integración de la Sección Instructora. Hugo Éric Flores, quien la presidía, pidió licencia tras separarse de la bancada de Morena para dedicarse a la construcción de un nuevo partido. En San Lázaro se impulsa a Sergio Gutiérrez Luna para sustituirlo y conducir el procedimiento contra Moreno. La designación aún debe formalizarse. También saldrá de la Comisión, Raúl Bolaños-Cacho, del Partido Verde, para convertirse en el nuevo presidente de la Cámara. La reconfiguración será operada desde la Junta de Coordinación Política.
Ricardo Monreal no puede ordenar por sí solo el desafuero porque la decisión corresponde a un órgano colegiado y posteriormente al pleno. Sin embargo, controla los tiempos de la mayoría, la negociación con el Verde y la construcción de los votos. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, ha exigido públicamente que el expediente sea resuelto pronto.
El enfrentamiento de este miércoles entre Arturo Ávila, de Morena, y Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, endureció las posiciones. Los diputados intercambiaron insultos, acusaciones de vínculos con el crimen organizado y empujones en el Senado, principalmente por las denuncias que Moreno ha llevado a Estados Unidos contra el gobierno mexicano y dirigentes morenistas.
En Morena había resistencia a recurrir al desafuero por el antecedente de Andrés Manuel López Obrador en 2005. El temor era convertir a Alito en víctima y regalarle una bandera a la oposición. Esa reserva se agotó después de sus viajes a Washington, donde ha denunciado al gobierno de Claudia Sheinbaum por autoritarismo y acusado a Morena de mantener relaciones con el crimen organizado.
Moreno suma cinco visitas a Washington durante este sexenio. En la más reciente presentó ante el Departamento de Estado una queja contra tres consejeros del INE, a quienes acusa de censurarlo por ordenar el retiro de publicaciones en las que utiliza expresiones como “narcogobierno” y “narcopartido”. También ha buscado reuniones con legisladores, funcionarios y organismos internacionales para solicitar sanciones contra políticos mexicanos.
Para la dirigencia morenista, esa ofensiva terminó con las dudas sobre su desafuero. Sus integrantes sostienen que Moreno busca protección política fuera de México ante la posibilidad de perder la inmunidad. El priista asegura que enfrenta una persecución de Estado y calificó las detenciones de sus colaboradores como “terrorismo judicial”.
¿Qué hará Alito cuando se active formalmente su desafuero? Puede combatirlo desde el Senado, acudir a organismos internacionales o permanecer fuera del país y alegar persecución política. Entre sus cercanos se habla ya de la posibilidad de que busque asilo o alguna forma de protección en Estados Unidos, aunque no se sabe si el país que gobierna Donald Trump vería con buenos ojos esa estrategia o si se uniría a México en su persecución.
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