— Agencias 13/08/2026
Organizaciones ambientales pidieron incorporar controles estrictos para evitar que sustancias químicas peligrosas permanezcan en los ciclos productivos.
Organizaciones sociales y ambientales solicitaron que el próximo Reglamento de la Ley General de Economía Circular incluya mecanismos para identificar, evaluar y eliminar progresivamente sustancias químicas peligrosas presentes en productos y materiales.
Piden eliminar sustancias peligrosas
El Poder del Consumidor, Greenpeace y otras organizaciones señalaron que la exposición a sustancias químicas peligrosas puede ocurrir durante todo el ciclo de vida de los productos, desde la obtención de materias primas hasta su transformación en residuos.
Las organizaciones advirtieron que una economía circular no puede considerarse segura si los materiales mantienen sustancias peligrosas que pueden permanecer en los procesos productivos, transferirse a nuevos productos o liberarse al ambiente.
Por ello, pidieron que la protección de la salud humana y del medio ambiente sea un eje transversal de la aplicación de la ley y de los instrumentos derivados de ella.
Reglamento deberá establecer controles
La Ley General de Economía Circular entró en vigor el 20 de enero de 2026 y, de acuerdo con las organizaciones, el reglamento debe emitirse 180 días después de su entrada en vigor.
Entre sus planteamientos, solicitaron que las tecnologías de termovalorización de residuos sean consideradas como una última opción y que su utilización sea evaluada mediante análisis de ciclo de vida completos e independientes.
Este proceso consiste en transformar residuos en energía eléctrica mediante combustión controlada.
Las organizaciones también pidieron que las decisiones sobre los materiales, tecnologías y modelos de gestión compatibles con la economía circular se adopten con independencia.
Buscan prevenir contaminación desde el diseño
Los grupos ambientalistas plantearon que la política de economía circular debe prevenir la contaminación química desde el diseño de los productos y promover la sustitución progresiva de las sustancias consideradas de mayor preocupación.
También demandaron responsabilidades para quienes producen, importan, comercializan o colocan bienes y materiales en el mercado durante todo su ciclo de vida.
El objetivo, señalaron, es evitar que los costos ambientales y los riesgos para la salud sean trasladados a la sociedad, las comunidades vulnerables o las futuras generaciones.
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