— Mario Maldonado 12/08/2026
La investigación de la FGR contra Ernesto Ruffo Appel, por la presunta red de huachicol fiscal vinculada con Ingemar, contiene piezas que no han sido expuestas públicamente con el detalle que aparece en el expediente. Una de ellas es una denuncia de la Agencia Nacional de Aduanas de México que señala operaciones en las que el valor real de la mercancía habría superado hasta en 117% lo declarado y refiere el ingreso de 98 millones 44 mil 442 litros de diésel sin contar con el permiso de importación correspondiente de la Secretaría de Energía.
La cifra es relevante, pero debe distinguirse de otros volúmenes que han trascendido sobre el caso. La FGR investiga diferentes operaciones y periodos. Uno de esos bloques comprende 163 carrotanques y 18.2 millones de litros de petrolíferos; otro analiza volúmenes considerablemente mayores relacionados con los permisos y operaciones de Ingemar. En el primero, los investigadores estimaron un perjuicio al fisco superior a 164 millones de pesos por IEPS e IVA.
El expediente permite reconstruir también lo que presuntamente ocurría después de que el combustible cruzaba la frontera. Ingemar aparece como eje de una estructura de al menos 11 empresas. Entre ellas están Crismon Hidrocarburos y Derivados, Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo y Servicios Integrales y Desarrollos GMC. La hipótesis de la Fiscalía es que unas intervenían en la importación y otras en la recepción, traslado, facturación y dispersión comercial de los petrolíferos.
Una de las inconsistencias que documentaron los peritos aparece en una operación de Crismon. Una factura registró 130 mil 13.69 litros de combustible asociados a un carrotanque cuya capacidad máxima era de 114 mil 800 litros. Es decir, en los documentos había más combustible del que físicamente podía contener la unidad. La FGR considera éste y otros casos como indicios de operaciones simuladas para construir una trazabilidad aparentemente legal.
La ruta que siguen los investigadores llega hasta Gasolinería Faza. De acuerdo con el expediente, durante 2025 fueron emitidos 130 CFDI con efecto de ingreso a favor de esa compañía por 89 millones 102 mil 889 pesos. La documentación es utilizada para reconstruir la etapa de dispersión del combustible y establecer quiénes participaron en su comercialización una vez que los hidrocarburos se encontraban en territorio nacional.
También aparece Internacional de Fundentes. Aunque documentación de transporte la ubica dentro de la cadena de destinatarios, facturas exhibidas por el apoderado de Crismon llevaron a los investigadores a plantear que esa compañía pudo haber sido el verdadero destinatario final de parte del combustible. Es una de las líneas con las que la Fiscalía intenta reconstruir la distancia entre lo asentado en pedimentos y cartas porte y el destino efectivo del producto.
Hasta ahí la ingeniería operativa. Pero la parte políticamente más delicada es cómo pretende la FGR llevarla hasta Ruffo.
Se tiene registro de que el exgobernador de Baja California era accionista de Ingemar, integrante de su estructura corporativa y que recibió transferencias por alrededor de 18 millones de pesos. También se sabe de los calificativos utilizados por los fiscales para describirlo: “operador estratégico”, “facilitador estructural” y “legitimador institucional”. Lo que revela el expediente completo es el razonamiento con el que la Fiscalía intenta transformar esas relaciones empresariales en responsabilidad penal.
La teoría del caso presenta a Ingemar no sólo como una compañía que tramitaba importaciones, sino como un instrumento funcional de la organización. La FGR sostiene que desde sus órganos corporativos se integraba la voluntad de la sociedad, se tomaban decisiones y se daba continuidad a las operaciones. Sobre esa base intenta colocar a Ruffo dentro de un núcleo de control y acreditar una coautoría mediante lo que jurídicamente denomina dominio funcional del hecho.
Eso significa que la acusación no depende de demostrar que Ruffo modificó personalmente un pedimento, abrió la válvula de un carrotanque o supervisó una descarga. Lo que los fiscales deberán probar es algo más complejo: que conocía el mecanismo y que desde su posición corporativa contribuyó deliberadamente a hacerlo posible.
Ahí estará también el principal flanco de la acusación. Ser accionista, consejero o recibir recursos de una empresa no acredita por sí mismo la comisión de un delito. Ruffo ha rechazado las imputaciones y la FGR tendrá que demostrar ante los tribunales la responsabilidad individual que le atribuye.
Las piezas del expediente muestran que el caso es bastante más amplio que los carrotanques descubiertos en Coahuila. La investigación busca reconstruir toda la cadena: importación, validación, facturación, venta y, sobre todo, quién controlaba la estructura empresarial que hizo posible la operación. Ahí es donde la FGR busca colocar a Ernesto Ruffo Appel. La historia tiene aún mucho por contar.
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