— Agencias 12/08/2026
Comunidades indígenas exigieron reconocer oficialmente a la Policía Comunitaria y liberar a Jesús Plácido Galindo durante una asamblea regional con 600 participantes.
Autoridades comunitarias, comisarios y habitantes de 12 comunidades indígenas realizaron una asamblea para exigir el reconocimiento de la Policía Comunitaria, la liberación de Jesús Plácido Galindo y la cancelación de investigaciones que consideran fabricadas.
Exigen liberar a Jesús Plácido Galindo
Durante la reunión participaron alrededor de 600 integrantes del CIPOG-EZ y la CRAC-PF, quienes denunciaron una presunta campaña de criminalización contra los pueblos indígenas organizados.
Uno de los principales reclamos fue la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano.
Galindo está acusado de haber orquestado el homicidio del comisario de la comunidad de Xicotlán.
Los integrantes de la CRAC-PF rechazaron las acusaciones y exigieron la cancelación de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión que consideran fabricadas contra autoridades comunitarias.
Denuncian violencia y despojo territorial
En un pronunciamiento, las organizaciones responsabilizaron al grupo delictivo Los Ardillos de ataques contra comunidades indígenas registrados entre 2015 y 2026.
Según las autoridades comunitarias, estos hechos habrían provocado decenas de personas asesinadas, cientos de desplazados y daños materiales, además de afectaciones relacionadas con sus territorios y recursos naturales.
Las organizaciones también señalaron un presunto contubernio con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Piden reconocer a la Policía Comunitaria
Los participantes solicitaron el reconocimiento oficial de la Policía Comunitaria, al señalar que brinda seguridad a las familias de las comunidades.
De acuerdo con las organizaciones, su actuación está relacionada con la defensa de las comunidades, el territorio y los recursos naturales, bajo los lineamientos que, según señalaron, contempla la Constitución y la Ley 701 del Estado de Guerrero.
En la asamblea participaron representantes de Alcozacán, Zacapezco, Rincón de Chautla, Nuevo Amanecer, Xochitempa, Acahuehuetlan, Tula, Xicotlán, Ayahualtempa, Amatitlán, Los Pinos y Tierra Blanca.
Solicitan respaldo de organizaciones
El CIPOG-EZ y la CRAC-PF solicitaron el respaldo de organizaciones defensoras de derechos humanos, del Congreso Nacional Indígena, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
La comunidad de Alcozacán también ha sido conocida por controversias relacionadas con la seguridad comunitaria. Hace algunos años, autoridades comunitarias presentaron a un grupo de menores de edad armados con rifles, quienes fueron integrados a la policía comunitaria ante la violencia que enfrentaban sus comunidades.
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