— Salvador García Soto 10/08/2026
Las acusaciones que hoy tienen en la cárcel a Ángel Aguirre Rivero, por haber ocultado información y evidencias sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace casi 12 años no son nuevas ni las acaba de descubrir la Fiscalía General de la República. Lo que la fiscal, Ernestina Godoy, cita como “testimonios de personas colaboradoras” que acusan al exgobernador de Guerrero de desaparecer videos y evidencias que involucraban al gobierno municipal de Iguala, se conocen desde 2014 y ya desde entonces el extinto Cisen había investigado y documentado una relación sentimental por la que Aguirre protegía a María de los Ángeles Pineda y a su esposo, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Lo único que hizo la fiscal Godoy, como uno más de sus servicios a la apurada y presionada presidenta Claudia Sheinbaum, fue desenterrar acusaciones y expedientes, ahora puestos en boca de presuntos “testigos colaboradores”, para acusar penalmente al protegido Ángel Aguirre Rivero, que en el momento de la tragedia de Iguala, logró salir impune por dos poderosas razones: porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no se atrevió a acusarlo, a pesar de tener la misma información y evidencias que hoy se citan como nuevas, y porque también Aguirre contaba con vínculos y relaciones con Andrés Manuel López Obrador, que fue quien, junto con Marcelo Ebrard, lo acogió y lo postuló a su segunda gubernatura por el PRD.
Todos, los obradoristas y los peñistas, supieron del papel que jugó Aguirre Rivero para tratar de proteger a toda costa al matrimonio Abarca Pineda, al que al final terminó abandonando cuando fueron detenidos y procesados. Y se sabía del “triángulo amoroso” que existió entre el entonces gobernador y la pareja que gobernaba Iguala, porque las áreas de inteligencia federal documentaron entonces la relación personal y sentimental que sostenían Aguirre Rivero y María de los Ángeles Pineda, lo que llevó al mandatario estatal a ordenar la desaparición de los videos que hoy se mencionan como pruebas del ocultamiento de información, y que registraron el momento en el que uno de los camiones en que viajaban los normalistas, fue detenido por policías municipales de Iguala, según captaron cámaras de seguridad.
El 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas, publiqué en esta columna un informe directo del CISEN que me proporcionó un alto funcionario del gobierno de Peña Nieto. En el documento, elaborado por los agentes de inteligencia federal, y que me fue entregado unos días antes en una oficina de la Presidencia de la República en Los Pinos, se informaba, con lujo de detalles, de la relación personal y sentimental que mantenían Ángel Aguirre y María de los Ángeles Pineda, ubicada desde entonces como operadora del Cártel Guerreros Unidos, que lideraban sus hermanos y que protegía su esposo el alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca.
Tal como lo escribí en este mismo espacio, Aguirre Rivero y María de los Ángeles se reunieron en las oficinas de Protur, en Acapulco, el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes. El informe oficial sostenía que había testigos que vieron entrar a la señora a esas oficinas, donde solía sostener encuentros frecuentes y largos con el entonces gobernador de Guerrero, tal y como lo narramos en aquella fecha:
“La reunión entre el hoy gobernador con licencia y María de los Ángeles tampoco era la primera. Se habían visto varias ocasiones en esas mismas oficinas que eran uno de los lugares donde solían encontrarse, siempre en privado. Pero esta vez, según testimonios de quienes la vieron ingresar, Lady Iguala no lucía ni tan altiva ni tan segura como siempre; se le veía más bien preocupada y se encerró casi una hora con el gobernador. Justo un día después de esa reunión, la mujer acusada por la PGR de haber ordenado, junto con su marido la muerte y desaparición de 43 normalistas, se trasladó al DF y más tarde al estado de Puebla acompañada de José Luis Abarca. Los dos desaparecieron el 30 de septiembre convirtiéndose en prófugos de la justicia, luego de que el alcalde presentará ese martes al Cabildo municipal una solicitud de licencia a su cargo. Ese fue el último encuentro entre el gobernador Aguirre y María de los Ángeles. El último de una larga cadena de encuentros que estos dos personajes, según testimonios de exfuncionarios cercanos al mandatario con licencia, sostenían con cierta frecuencia. Esas reuniones eran parte de lo que en el 'pueblo chico' de Chilpancingo era un secreto a voces: que entre Aguirre Rivero y Pineda Villa había un tórrido romance que sucedía aun cuando ella era, según la PGR, 'la principal operadora' del cártel de los Guerreros Unidos junto con sus hermanos”.
Luego entonces, la protección que intentó darle Aguirre Rivero a María de los Ángeles Pineda, al grado de alertarla y permitir su fuga cuando ya era investigada por la PGR de Murillo Karam, incluyó la desaparición de los videos que hoy presenta como algo totalmente nuevo la fiscal Godoy, quien afirma que ese material, grabado por cámaras de seguridad afuera del Palacio de Justicia de Iguala, fueron confiscados y desaparecidos por órdenes del entonces gobernador que hoy está preso.
¿Por qué por algo que se supo desde hace 14 años no se acusó o detuvo entonces al político guerrerense y sí se le detiene ahora? La segunda pregunta tiene fácil respuesta: se acerca el 14 aniversario de los 43 de Ayotzinapa, el próximo 26 de septiembre y el gobierno de la presidenta Sheinbaum no les ha dado nada nuevo ni ha cumplido su compromiso de retomar las investigaciones que fracasaron y quedaron truncas con López Obrador. Y de paso, mientras les intenta vender humo a los normalistas con la detención de Aguirre Rivero, de paso la presidenta distrae la atención otra vez con casos del pasado, mientras se sigue negando a entregar a Rocha Moya a Estados Unidos y evade investigar o acusar a morenistas señalados por delitos graves de corrupción y colusión con el crimen organizado.
La primera parte de la pregunta, de por qué al entonces gobernador de Guerrero no lo acusaron en 2014 aun con información y evidencias que lo vinculaban a la pareja municipal de Iguala, tiene al menos dos respuestas. La primera apunta a que el presidente Peña Nieto no quiso o no pudo acusar y detener a Aguirre, a pesar de que sí se lo sugirieron en su momento algunos de sus colaboradores más cercanos, porque Aguirre era amigo y protegido del entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Y la segunda, porque al final se trataba de un gobernador de la oposición, entonces del PRD que en su momento había sido impulsado y postulado por el obradorismo.
Aguirre también era apoyado por Marcelo Ebrard y en su momento por López Obrador, quien en 2011, cuando aún controlaba el PRD y se enfilaba hacia su segunda candidatura presidencial, apoyó no sólo la campaña de Ángel Heladio, sino que también impulsó personalmente a José Luis Abarca para que fuera presidente municipal de Iguala por el perredismo.
Así que hoy, 14 años después, y cuando su detención resulta ampliamente conveniente para venderla como justicia para los normalistas de Ayotzinapa y para mostrar que la FGR sí actúa (aunque sólo sea desenterrando muertos y delitos de opositores del pasado), Ángel Aguirre se cayó del paraíso de la impunidad y pagará sus presuntos delitos de ocultamiento de evidencias, y de paso sus pecados de haber mordido la manzana de aquel triángulo amoroso que mantuvo con María de los Ángeles, con el alcalde Abarca y con el Cártel de los Guerreros Unidos.
Instala la nueva aplicación de El Tiempo MX