— Mario Maldonado 10/08/2026
El 6 de agosto una pipa de Tomza Gas Titanium sufrió una fuga y posterior deflagración en Cuernavaca que dejó más de 20 personas lesionadas. El accidente ocurrió apenas 11 meses después de la tragedia del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde una unidad de Transportadora Silza, otra empresa vinculada a Grupo Tomza, volcó, liberó gas y provocó una explosión que dejó 32 muertos.
Dos accidentes graves relacionados con empresas del mismo conglomerado en menos de un año obligan a revisar algo más que la conducta de los operadores. Las autoridades deben hacer una revisión minuciosa en torno a los controles sobre las unidades, los recipientes que transportan el gas, su antigüedad, mantenimiento, pruebas de integridad y certificaciones, y qué cambió realmente en Grupo Tomza y en la supervisión gubernamental después de La Concordia.
Tomza no solamente participa en almacenamiento, transporte y distribución de gas LP, pues dentro del conglomerado aparece Industrias Zaragoza, INZA, fabricante de cilindros, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, autotanques y pipas. El grupo participa así también en la fabricación de infraestructura para esta industria.
Las autoridades deben investigar si INZA fabricó el recipiente involucrado en Cuernavaca o el de La Concordia, para poder deslindar responsabilidades. Y si no fue así, quién fabricó ambos tanques, cuándo, qué antigüedad tenían, cuál era su historial de mantenimiento, cuándo pasaron sus últimas pruebas de integridad y quién certificó que podían seguir circulando.
El problema rebasa a Tomza. México depende ampliamente del gas LP y las propias autoridades han documentado durante años problemas de competencia y concentración en su distribución. En 2021, la entonces Cofece determinó preliminarmente que no existían condiciones de competencia efectiva en 213 de los 220 mercados geográficos analizados para la distribución mediante plantas y autotanques.
En La Concordia, la Fiscalía capitalina encontró exceso de velocidad, jornadas prolongadas y deficiencias en capacitación y controles empresariales. La volcadura no fue atribuida a una falla mecánica previa. Después del impacto, sin embargo, el recipiente se rompió, liberó el gas y ocurrió la explosión. El caso derivó en 143 acuerdos reparatorios para 144 víctimas directas e indirectas por alrededor de 480 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Clara Brugada presentó como una “reparación histórica”. Lo que no quedó suficientemente claro hacia afuera fue qué cambió dentro de Grupo Tomza después de La Concordia para reducir el riesgo de que una tragedia semejante volviera a ocurrir.
La tragedia llevó al gobierno federal a endurecer las reglas para el transporte y distribución de gas LP, con mayores controles, certificación de operadores, limitadores de velocidad y sistemas de geolocalización.
De igual forma, la investigación del accidente del 6 de agosto tendría que reconstruir la historia completa de la unidad, desde sus condiciones de operación hasta la fabricación, antigüedad, mantenimiento, inspecciones y certificaciones del recipiente. Ahí está inevitablemente el nombre de Industrias Zaragoza, como parte de una cadena industrial que debe ser transparentada.
Por su parte, la ASEA y las autoridades energéticas deberían informar cuántas unidades de las empresas relacionadas con el grupo fueron inspeccionadas después de La Concordia, qué irregularidades detectaron, cuántas tuvieron que corregir deficiencias o fueron retiradas de circulación y cómo verificaron el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Después de dos accidentes graves vinculados con empresas del mismo conglomerado en menos de un año, revisar la cadena completa no significa prejuzgar responsabilidades, sino revisar lo que debió hacerse después de la tragedia de La Concordia.
Antes de señalar culpables hay que conocer los peritajes. No obstante, después de 32 muertos en Iztapalapa y más de 20 lesionados en Cuernavaca, hay una pregunta que las autoridades ya pueden responder: quién está revisando realmente las pipas.
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