— Mario Maldonado 04/08/2026
La presidenta Claudia Sheinbaum alista un decreto para redefinir qué información del gobierno federal podrá reservarse por razones de seguridad nacional o por estar vinculada con procesos judiciales y cuál no. En el sexenio pasado esa figura jurídica fue utilizada para acelerar obras, ocultar contratos y reducir la vigilancia sobre el gasto público, particularmente en proyectos administrados por las Fuerzas Armadas.
El punto de partida fue el 22 de noviembre de 2021, cuando Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo que declaró de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno. El documento abarcó sectores como aeropuertos, ferrocarriles, energía, turismo, comunicaciones, aduanas y medio ambiente, y ordenó a las dependencias otorgar autorizaciones provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El Tren Maya fue el caso más notorio. Fonatur, entonces dirigido por Javier May, avanzó con licitaciones, contratos, cambios de trazo y obras mientras se completaban estudios ambientales, consultas, la liberación de derechos de vía y la ingeniería básica. La consulta indígena de 2019 fue cuestionada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que advirtió que no había cumplido plenamente con los estándares internacionales.
El tramo 5 concentró buena parte de los litigios. Jueces federales concedieron suspensiones por la falta de autorizaciones ambientales y por los riesgos sobre cenotes, cavernas y ecosistemas de Quintana Roo. La respuesta del gobierno no fue ajustar el proyecto a los controles ordinarios, sino elevarlo a un asunto de seguridad nacional y acusar a organizaciones y particulares de intentar detener una obra estratégica.
En mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la parte central del acuerdo de López Obrador. Los ministros concluyeron que el Ejecutivo no podía ampliar por decreto las causas legales para reservar información y que la medida afectaba las atribuciones del INAI. El fallo se conoció el 18 de mayo. Ese mismo día, el gobierno publicó otro decreto que declaró como seguridad nacional la construcción, operación y mantenimiento del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
La seguridad nacional entonces dejó de proteger exclusivamente operaciones militares, instalaciones estratégicas o capacidades de inteligencia; también se utilizó para cubrir contratos de construcción, adquisiciones de materiales, operación de aeropuertos, trenes, hoteles y empresas comerciales. El Ejército y la Marina recibieron una cartera empresarial sin precedente, pero mantuvieron los criterios de reserva con los que tradicionalmente operan las instituciones de seguridad nacional.
El problema creció porque las Fuerzas Armadas ejecutaron obras y también comenzaron a administrar aeropuertos, aduanas, hoteles, líneas ferroviarias, parques turísticos y empresas públicas. A mayor participación económica debió corresponder mayor transparencia, pero fue todo lo contrario.
La desaparición del INAI fue otro retroceso. López Obrador impulsó durante años su extinción bajo el argumento de que era un organismo costoso e ineficaz. La reforma constitucional se aprobó al final de 2024, ya bajo la Presidencia de Sheinbaum, y sus funciones fueron trasladadas a distintas autoridades. En el ámbito federal, buena parte de la responsabilidad quedó dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro.
Antes, una dependencia podía negar información y un órgano autónomo revisaba esa decisión. Ahora, esa función recae en una secretaría que responde al Ejecutivo.
En ese contexto debe leerse el decreto que anunció la Presidenta, quien dijo que sólo aquello que realmente sea de seguridad nacional o forme parte de un proceso judicial no podrá darse a conocer. La frase puede anticipar una corrección frente a los excesos del gobierno anterior o una nueva etapa de concentración del control de la información.
Dicha interpretación tiene sentido, porque Sheinbaum enfrenta redes de corrupción, sobrecostos y contratos opacos que están drenando los recursos públicos. El gobierno necesita dinero y cada peso desviado limita su margen de maniobra.
La otra posibilidad es que la Presidenta no busque abrir la información, sino administrarla desde Palacio Nacional. Ambas hipótesis no son excluyentes: Sheinbaum puede querer combatir la corrupción y, al mismo tiempo, concentrar el control político de la transparencia.
La prueba estará en saber si Sedena, Marina, Pemex, las empresas militares y las dependencias federales van a tener que abrir los contratos a auditorías y al escrutinio público, y cuál es la reacción de los funcionarios y dependencias opacas. Ya lo veremos.
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