— Agencias 04/08/2026
Veinticinco estados de EE.UU. consideran que la nueva política arancelaria excede los poderes del presidente.
Una coalición integrada por veinticinco estados de administración demócrata presentó este lunes una demanda contra el gobierno federal de los Estados Unidos. Los demandantes sostienen firmemente que la nueva y agresiva política arancelaria implementada por el presidente Donald Trump excede de manera clara los poderes ejecutivos que le otorga la Constitución.
La controversia escaló luego de que la administración Trump anunciara el pasado 23 de julio la imposición de aranceles generalizados, con tasas que oscilan entre el 10% y el 12,5%, dirigidos a 60 socios comerciales estratégicos.
La medida fue justificada tras una serie de investigaciones que acusan a dichas naciones de permitir el suministro de bienes provenientes de países que recurren al trabajo forzado en sus cadenas de producción. Sin embargo, en el recurso legal presentado contra la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la alianza estatal argumentó que no existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado internacional y la aplicación de aranceles globales masivos.
Un comercio mundial trastocado por las medidas fiscales
Estas controversiales tarifas fueron impuestas invocando la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Desde Washington se sostiene que la mayoría de sus aliados y socios clave —incluida la Unión Europea— no se apegan a los rigurosos estándares de lucha contra el trabajo forzado que exige la legislación estadounidense. Desde el inicio de su segundo mandato presidencial, Trump ha sacudido de forma drástica los cimientos del comercio global, imponiendo gravámenes de amplio alcance tanto a países aliados como a adversarios históricos.
El mandatario defiende su postura afirmando que los socios internacionales se han aprovechado históricamente de la economía estadounidense, por lo que utiliza los aranceles como un mecanismo de presión coercitiva para forzar la firma de nuevos tratados comerciales. Con esta acción, el gobierno busca reestructurar su política fiscal exterior, a pesar de que su primera ronda de aranceles fue anulada por la Corte Suprema el pasado mes de febrero.
Cuestionamientos a las investigaciones de la Sección 301
En sus alegatos finales, los estados demandantes calificaron los procesos indagatorios de la USTR como "un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones". El documento judicial detalla una cronología de declaraciones públicas para demostrar que las investigaciones fueron apresuradas, opacas y sesgadas desde su origen.
Finalmente, los fiscales generales de la coalición aseguraron que rechazan categóricamente el trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección laboral global. No obstante, concluyeron con firmeza que la administración actual no puede utilizar un tema tan sensible como pretexto para sostener un esquema arancelario al margen de la legalidad.
Instala la nueva aplicación de El Tiempo MX