— Agencias 03/08/2026
Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron a la administración de Donald Trump por los nuevos aranceles, al considerar que exceden sus facultades legales y contradicen un fallo de la Corte Suprema.
La administración del presidente Donald Trump enfrenta una demanda presentada por 25 estados de Estados Unidos, cuyos gobiernos sostienen que los nuevos aranceles impuestos a decenas de países buscan reemplazar los gravámenes anulados por la Corte Suprema y exceden las facultades del Poder Ejecutivo.
Estados cuestionan la legalidad de la nueva política arancelaria
La demanda fue presentada este lunes por 25 estados, encabezados por Nueva York, cuyos fiscales sostienen que la administración federal carece de fundamentos suficientes para mantener vigentes los nuevos aranceles.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que, tras el fallo de la Corte Suprema, el gobierno intenta nuevamente incrementar los impuestos a las importaciones mediante una estrategia distinta, lo que, a su juicio, resulta ilegal.
A la acción judicial se sumaron Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
Los nuevos aranceles afectan a 59 países y la Unión Europea
El mes pasado, Estados Unidos impuso aranceles de dos dígitos a 59 países y a la Unión Europea, argumentando que esas economías no habían hecho lo suficiente para combatir las importaciones elaboradas mediante trabajo forzado.
Los nuevos gravámenes entraron en vigor al concluir los aranceles temporales que la administración había aplicado después de que la Corte Suprema invalidó los impuestos establecidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).
Trump recurre a la Sección 301 de la Ley de Comercio
Luego del fallo judicial, la administración decidió aplicar aranceles con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al presidente a imponer impuestos a las importaciones y otras sanciones contra países que incurran en prácticas comerciales consideradas desleales.
Con este mecanismo, el gobierno estableció aranceles por trabajo forzado que van del 10%, como en el caso de México, hasta el 12.5%, y que alcanzan a países que representan el 99% de las importaciones estadounidenses.
La Casa Blanca defiende los nuevos gravámenes
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, aseguró que Estados Unidos está haciendo uso de su autoridad legal para combatir prácticas que representan una carga para el comercio y los trabajadores estadounidenses.
Asimismo, sostuvo que los aranceles aplicados bajo la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato de Donald Trump.
La disputa legal continúa en tribunales
La demanda presentada por los estados se suma a otras dos acciones legales promovidas en julio ante el Tribunal de Comercio Internacional por pequeñas empresas, las cuales también impugnaron los aranceles establecidos mediante la Sección 301.
Los demandantes sostienen que el gobierno no justificó de manera suficiente las medidas adoptadas contra cada economía ni explicó cómo los nuevos aranceles eliminarán las prácticas comerciales que pretende combatir, como lo exige la legislación estadounidense.
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