— Agencias 02/08/2026
El regreso del fujimorismo al poder en Perú reavivó el temor de miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú reabrió el debate sobre las esterilizaciones forzadas practicadas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, entre 1996 y 2000. Organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos advirtieron que aún existen deudas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación para miles de mujeres afectadas por esa política estatal.
Víctimas expresan temor por el nuevo gobierno
Diversas víctimas manifestaron preocupación por el regreso del fujimorismo al poder, al considerar que podría dificultarse el avance de los procesos judiciales y las medidas de reparación relacionadas con las esterilizaciones forzadas.
Entre ellas se encuentra Victoria Vigo, quien aseguró que continúa buscando justicia y expresó su temor de que las investigaciones pierdan impulso bajo la nueva administración.
Las organizaciones de víctimas sostienen que, a casi tres décadas de los hechos, miles de mujeres siguen esperando el reconocimiento pleno de las violaciones a sus derechos.
Más de 300 mil mujeres fueron afectadas
De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, más de 300 mil mujeres y alrededor de 25 mil hombres fueron sometidos a procedimientos de esterilización durante la década de 1990 como parte de un programa estatal de planificación familiar.
El organismo concluyó que muchas de las intervenciones se realizaron mediante coerción, engaños o sin consentimiento informado, afectando principalmente a mujeres indígenas, campesinas y de escasos recursos.
Algunas víctimas denunciaron haber sido trasladadas por la fuerza a centros de salud donde fueron intervenidas sin comprender plenamente el procedimiento al que serían sometidas.
ONU calificó la política como violencia y discriminación
En octubre de 2024, el Comité CEDAW determinó que la política de esterilizaciones forzadas constituyó una forma de violencia basada en el sexo y de discriminación interseccional contra mujeres indígenas, rurales y económicamente vulnerables.
El organismo también señaló que el Estado peruano incumplió con su obligación de investigar adecuadamente los hechos, sancionar a los responsables y garantizar reparaciones integrales para las víctimas.
Además, advirtió que la práctica sistemática de esterilizaciones forzadas podría constituir un crimen de lesa humanidad conforme al derecho internacional.
Casos emblemáticos marcaron la investigación
Entre los casos más conocidos se encuentran los de Celia Edith Ramos Durand y Mamérita Mestanza, quienes fallecieron tras ser sometidas a procedimientos de esterilización.
En marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos, ordenando impulsar las investigaciones y garantizar medidas de reparación para su familia.
La resolución fue considerada un precedente histórico al tratarse del primer caso de esterilizaciones forzadas resuelto por ese tribunal internacional.
Investigación y reparación siguen pendientes
Aunque la justicia peruana reconoció previamente que las esterilizaciones involuntarias formaron parte de una política pública, las organizaciones de derechos humanos sostienen que aún existen procesos judiciales sin concluir y miles de víctimas continúan esperando reparación.
Los colectivos insisten en que el Estado debe acelerar las investigaciones, ofrecer atención médica y psicológica especializada, así como implementar un programa integral de indemnización y garantías de no repetición.
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