— Agencias 30/07/2026
Una auditoría realizada por la Oficina del Inspector General reveló que el programa municipal de control de plagas se enfoca en atender quejas individuales mediante envenenamiento en lugar de atacar las causas fundamentales.
Un nuevo informe de la Oficina del Inspector General de Chicago advierte que el programa municipal de control de roedores "tiene pocas probabilidades de lograr un control a largo plazo". Según la auditoría, la administración se ha limitado a aplicar medidas reactivas —como el uso de veneno en respuesta a reportes ciudadanos al 311— en lugar de implementar una estrategia integral que ataque los focos de infestación.
Hallazgos clave de la auditoría y deficiencias en el plan
El análisis, que evaluó el periodo entre julio de 2023 y julio de 2024, determinó que el Departamento de Calles y Saneamiento incumplió elementos fundamentales del Manejo Integrado de Plagas:
Enfoque reactivo: Las acciones se priorizaron caso por caso para atender quejas al 311, omitiendo la supervisión continua de las condiciones sanitarias y de los factores estructurales que generan las plagas.
Uso excesivo de veneno: La dependencia gubernamental utilizó el envenenamiento como primera respuesta en lugar de considerarlo un último recurso, descuidando alternativas preventivas y de saneamiento.
Tendencia en quejas: A pesar de los señalamientos, los registros oficiales muestran un descenso gradual en las denuncias anuales, pasando de un pico de casi 66,000 en 2021 a unas 44,000 reportadas al cierre de 2025.
Recomendaciones y alternativas locales
Frente a este panorama, el organismo supervisor recomendó adoptar inspecciones proactivas, establecer niveles de tolerancia poblacional y priorizar soluciones no tóxicas. Asimismo, diversas zonas de la ciudad han comenzado a experimentar con anticonceptivos para roedores en vecindarios como Wicker Park, Bucktown y Lincoln Park como una alternativa permanente y segura para la fauna local.
Por su parte, el Departamento de Calles y Saneamiento defendió su labor asegurando que en los últimos dos años ha fortalecido sus protocolos de inspección, intercambio de datos y coordinación interinstitucional para optimizar los recursos asignados a su presupuesto actual de 12.5 millones de dólares.
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