— Agencias 30/07/2026
Un juez federal concedió un amparo que deja sin efecto la orden de aprehensión contra un agente aduanal investigado por contrabando de hidrocarburos.
Un juez federal concedió un amparo al agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta, dejando sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra por el presunto contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos a través de la Aduana de Matamoros.
Juez ordena cancelar la orden de aprehensión
La resolución fue emitida por Mario Jorge Melo Cardoso, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Monterrey, quien determinó que el juez de control deberá cancelar el mandato de captura y programar una nueva audiencia privada para resolver nuevamente la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
El juzgador concluyó que la FGR no acreditó la necesidad de cautela, al no justificar jurídicamente que la orden de aprehensión era el único medio para garantizar la comparecencia del imputado ante la autoridad judicial.
Amparo no elimina la investigación
La resolución judicial no cancela la investigación ni los cargos contra el agente aduanal.
El fallo únicamente obliga a la FGR a utilizar otros mecanismos procesales para intentar llevar al imputado ante un juez, como solicitar que sea citado a una audiencia sin recurrir inicialmente a una orden de captura.
De acuerdo con versiones periodísticas, Víctor José Carretero Zardeneta habría escapado de un operativo de detención realizado en enero y posteriormente se trasladó a Brownsville, Texas. Además, cuenta con nacionalidad estadounidense.
Orden original fue emitida en diciembre
La orden de aprehensión fue librada el 18 de diciembre por Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado.
En ese momento, el juez argumentó que existía riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas, la prisión preventiva aplicable a uno de los delitos, la presunta pertenencia del acusado a una organización criminal transnacional y su capacidad económica para abandonar el país.
Tribunal Colegiado tendrá la última decisión
En la sentencia de amparo, el juez Melo Cardoso consideró que esos argumentos fueron insuficientes para justificar la necesidad de cautela y calificó los razonamientos como dogmáticos, al estimar que no acreditaban de manera razonable los riesgos procesales.
De acuerdo con registros judiciales, la FGR ya impugnó la resolución, por lo que será un Tribunal Colegiado de Nuevo León el encargado de emitir la decisión definitiva sobre el caso.
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