— Agencias 20/07/2026
La activista Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, aseguró que la falta de sanciones efectivas contra padres que incumplen con la pensión alimenticia responde a una falta de voluntad política y a un sistema que continúa protegiendo a deudores alimentarios.
La aplicación de la Ley Sabina, creada para combatir el incumplimiento de pensiones alimenticias y visibilizar a los deudores alimentarios en México, enfrenta obstáculos por falta de voluntad política y resistencia institucional, afirmó su principal impulsora, Diana Luz Vázquez Ruiz.
En entrevista, la activista señaló que, aunque la legislación fue aprobada y el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fue creado, las herramientas no han funcionado como se esperaba debido a la falta de aplicación efectiva por parte de autoridades.
Denuncian falta de sanciones contra padres deudores
Diana Luz Vázquez aseguró que miles de madres continúan enfrentando procesos largos y desgastantes para exigir el pago de pensiones alimenticias, mientras que algunos padres buscan mecanismos para evadir sus responsabilidades.
“Existe una gran omisión del Estado mexicano en torno a la agenda de cuidados”, afirmó la activista, quien señaló que algunos funcionarios y figuras públicas también han sido señalados como posibles deudores alimentarios.
Afirmó que la llegada de más mujeres a cargos públicos no se ha traducido necesariamente en mayores acciones para proteger a las infancias y garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares.
Registro de deudores alimentarios enfrenta obstáculos
Uno de los principales problemas, explicó Vázquez Ruiz, es que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios no opera de manera uniforme en todo el país.
De acuerdo con la activista, únicamente algunos estados mantienen información pública, mientras que en otras entidades el acceso es limitado o no existen consecuencias prácticas para quienes aparecen registrados.
La Ley Sabina contempla medidas que buscan impedir que los deudores alimentarios puedan acceder a ciertos trámites o cargos públicos mientras incumplen con sus obligaciones.
Sin embargo, señaló que en la práctica las madres deben iniciar procesos judiciales para solicitar que un deudor sea incorporado al registro, lo que representa una carga adicional para quienes ya enfrentan gastos de crianza y cuidados.
Madres denuncian desgaste judicial
Casos como el de María Esther Rivera Benito reflejan, según la activista, las dificultades que enfrentan muchas mujeres para obtener el cumplimiento de una pensión alimenticia.
Rivera Benito relató que su expareja fue condenado a entregar una pensión para sus hijos, quienes tienen necesidades médicas especiales, pero denunció retrasos constantes y falta de actualización del monto establecido.
La madre aseguró que ha tenido que cubrir gastos legales, médicos y escolares mientras enfrenta procesos judiciales derivados del conflicto familiar.
Señalan evasión mediante cambios patrimoniales
Diana Luz Vázquez afirmó que algunos deudores utilizan estrategias legales para evitar cumplir con sus obligaciones, como modificar la titularidad de bienes o retrasar procedimientos judiciales.
Según la activista, esta situación genera violencia económica contra las madres y afecta directamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
“Las mamás terminamos desgastadas con un trabajo de cuidados gratuito”, señaló.
Piden actualizar cifras sobre deudores alimentarios
La impulsora de la Ley Sabina también cuestionó la falta de estadísticas oficiales sobre el número de padres que incumplen con el pago de pensiones alimenticias.
Afirmó que las mediciones actuales no reflejan completamente la problemática y pidió modificar los instrumentos de consulta para identificar cuántos hogares enfrentan abandono económico por parte de uno de los progenitores.
Diana Luz Vázquez sostuvo que el incumplimiento de pensiones alimenticias debe ser considerado un problema social que afecta el desarrollo y los derechos de las infancias.
Instala la nueva aplicación de El Tiempo MX