— Agencias 20/07/2026
Estados Unidos impuso una confiscación histórica de 15 mil millones de dólares contra “El Mayo” Zambada tras su sentencia por delitos de narcotráfico.
El juez federal Brian M. Cogan ordenó una confiscación de 15 mil millones de dólares contra Ismael “El Mayo” Zambada, además de dictarle cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico durante el proceso penal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
Confiscación histórica contra El Mayo Zambada
La resolución estableció la mayor confiscación económica solicitada en un caso de narcotráfico ante una corte estadounidense, al superar por 2 mil 400 millones de dólares la sanción impuesta en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, también cofundador del Cártel de Sinaloa.
La medida fue solicitada por fiscales federales encabezados por Joseph Nocella Jr., quienes argumentaron que el monto corresponde a las ganancias obtenidas por la organización criminal durante décadas de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La confiscación derivó del acuerdo de culpabilidad firmado por Zambada, quien reconoció su responsabilidad en las operaciones del Cártel de Sinaloa y aceptó que la organización generó miles de millones de dólares mediante actividades criminales.
Los 15 mil millones de dólares son una estimación del gobierno estadounidense
La cantidad establecida por la justicia estadounidense no representa dinero localizado en cuentas bancarias, propiedades aseguradas o bienes incautados directamente a Zambada.
El monto corresponde a una estimación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los recursos obtenidos por la organización criminal durante sus operaciones.
El proceso de confiscación permite al gobierno estadounidense reclamar bienes relacionados con actividades ilícitas; sin embargo, la recuperación efectiva dependerá de investigaciones posteriores para identificar activos, cuentas, propiedades y empresas vinculadas con las operaciones financieras del grupo.
Recuperación de recursos podría tardar años
Especialistas en seguridad citados por la cadena alemana DW señalaron que convertir una orden judicial de esta magnitud en recursos recuperados puede representar un proceso complejo, debido a que las estructuras financieras criminales suelen utilizar prestanombres, empresas fachada y movimientos internacionales.
En casos anteriores, como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Estados Unidos también ordenó una confiscación millonaria; no obstante, las autoridades no informaron públicamente la recuperación total del monto establecido por el tribunal.
Los recursos recuperados por el gobierno estadounidense pueden ingresar al Fondo de Bienes Confiscados del Departamento de Justicia o fondos equivalentes del Departamento del Tesoro, destinados conforme a la ley a operaciones de seguridad, investigaciones y programas relacionados con víctimas de delitos.
Familiares de víctimas buscaron participar en el proceso
Antes de la resolución final, familiares de víctimas del Cártel de Sinaloa, entre ellos integrantes de la familia LeBarón, solicitaron intervenir en el procedimiento para reclamar parte de los bienes que pudieran ser confiscados.
Sus representantes legales argumentaron que la organización fue designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y buscaron aplicar la Ley de Seguro contra Riesgos Terroristas de 2002.
El gobierno estadounidense rechazó la solicitud al considerar que los interesados no contaban con legitimidad jurídica para intervenir en el proceso de confiscación, aunque el tema podría generar nuevos litigios.
Cierre del proceso judicial contra uno de los líderes del Cártel de Sinaloa
La sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada cerró el proceso judicial contra uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, organización señalada por mantener durante décadas operaciones de tráfico internacional de drogas como cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Además de la pena de prisión vitalicia, la resolución económica convirtió el caso en uno de los procedimientos financieros de mayor impacto dentro de la estrategia estadounidense contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
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