— Raúl Rodríguez Cortés 17/07/2026
El caso del piloto que trasladó de México a Estados Unidos al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada se le enreda cada día más a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Las arenas movedizas en las que cada movimiento que intentan sobre ese escándalo sólo los hunde más, ya elevaron exorbitantemente el monto de la factura que le ha cobrado al gobierno de Claudia Sheinbaum.
La titular de la FGR dijo a principios de esta semana que el piloto Mauro Alberto Núñez Ortega fue entregado a las autoridades judiciales estadounidenses sin que se supiera exactamente de quién se trataba.
La información había sido armada por el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, y generó gran revuelo. El martes 14 de julio, Lara -colaborador muy cercano de la fiscal Godoy- presentó su renuncia por “motivos personales” y el miércoles 15 de julio la fiscalía emitió un comunicado en el que señala que el piloto Núñez Ortega “se identificó con otro nombre al ser detenido y presentado” el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, luego de que atacara con su grupo delictivo a soldados y guardias nacionales en un enfrentamiento que cobró la vida de un militar.
Agrega el comunicado que “esta persona fue vinculada a proceso por diversos delitos e identificada como integrante del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional”.
Tal fue la razón -explica- que se esgrimió para justificar su entrega a Estados Unidos el 13 de agosto de 2025 -todavía durante la gestión del fiscal Gertz Manero- en el segundo de los tres grupos de convictos mexicanos que sumaron 92.
Resulta inverosímil el argumento central del comunicado de la FGR del miércoles pasado: que el piloto fue entregado sin saber de quién se trataba exactamente y que su identidad se conoció tras la realización de periciales de audio de las que supo Ernestina Godoy al relevar a Gertz Manero el 3 de diciembre de 2025.
En esos términos inverosímiles del comunicado de marras, que asumieron como propios Ernestina Godoy y de alguna manera la presidenta Sheinbaum, están los “motivos personales” por los que renunció Ulises Lara a la fiscalía de Casos Relevantes y, horas después, el encargado de las investigaciones de delitos cometidos por servidores públicos federales, Oscar Langlet González, excolaborador cercano de Gertz Manero y esposo de la ministra de la Corte, Sara Irene Herrerías.
Pero lo que se viene se antoja más grave porque contra lo afirmado en el comunicado de la fiscalía, ahora resulta que sí se sabía de la identidad y ocupación del piloto Mauro Alberto Núñez Ortega antes de que fuera entregado a Estados Unidos por las autoridades mexicanas y el asunto podría afectar al hoy embajador de México en la Gran Bretaña e incluso la continuidad de la fiscal Ernestina Godoy, quien atraviesa además por complicaciones de salud.
Como se ha informado, este sujeto fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio de 2024 tras aterrizar con “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo Guzmán”, en el aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México, a unos cuantos kilómetros de El Paso, Texas.
Posteriormente Estados Unidos lo deportó a México a donde regresó para delinquir hasta que fue capturado en Jesús María, Culiacán, el 8 de febrero de 2025 y según el comunicado de la FGR del miércoles pasado, identificado, hasta diciembre de 2025, como el piloto de “El Mayo” y mando importante del cártel de Los Chapitos.
Sin embargo, un informe del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofrecido en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum el 11 de febrero de 2025 (diez meses antes de que, según el más reciente comunicado de la fiscalía, se supiera de la verdadera identidad del piloto y seis meses antes de su entrega a las autoridades estadounidenses), dice textualmente: “… en Culiacán, Sinaloa, derivado de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Mauro “N”, identificado como piloto aviador y operador clave de una organización delictiva, además de ser hombre de confianza del líder del grupo delictivo”.
Y más adelante, en la sesión de preguntas y respuestas de esa misma conferencia mañanera, García Harfuch precisó: “Es una investigación que está en curso todavía, por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona (“El Mayo” Zambada) que fue entregada en Estados Unidos”.
Aún así, Núñez Ortega fue enviado al país vecino sin que ahora se conozca a ciencia cierta su paradero. ¿Quién miente? ¿A quién creerle? Es de grima el lodazal en el que se revuelcan la política y el crimen como lo confirma este caso, su antecedente inmediato: la extracción de Zambada en un operativo al parecer encubierto y no reportado de agencias estadounidenses en territorio mexicano; las confesiones grabadas de entregarles información confidencial que hizo la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila; la probable autorización de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos para que agentes de la CIA participaran en un operativo antinarco; y la detención apenas ayer en Ensenada, por acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos (huachicol) del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, nombre y hombre emblemáticos por haber sido en 1989 el primer gobernador de oposición después de décadas de hegemonía priista.
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