— Agencias 14/07/2026
Kelly Haggett calcula que el recargo obligatorio aplicado al impuesto sobre la nómina en el estado de Washington le costó aproximadamente 500 dólares el año pasado. Sin embargo, asegura que no le molesta demasiado.
"Si tuviera que calificar mi molestia por este impuesto en una escala del 1 al 10, sería apenas un 2", comentó. "Entiendo los beneficios que ofrece."
Ese pequeño incremento en las contribuciones salariales financia Washington Cares, el primer programa estatal de Estados Unidos diseñado para ofrecer un seguro público de cuidados a largo plazo. El programa tenía previsto comenzar a otorgar prestaciones a partir del 1 de julio.
Haggett, una administradora de sistemas de 67 años que vive en Auburn, Washington, podrá utilizar este beneficio si en el futuro necesita ayuda para realizar actividades cotidianas como bañarse, vestirse, hacer las compras o administrar sus medicamentos.
Durante el año pasado, alrededor de 3.7 millones de trabajadores participaron en el programa, aportando un 0.58 % adicional de su salario mediante el impuesto sobre la nómina. Quienes contribuyan durante al menos diez años podrán acceder a un beneficio vitalicio inicial de 36,500 dólares, monto que se ajustará conforme a la inflación. Por ejemplo, una mujer de 36 años con un salario anual de 50,000 dólares que aporte unos 291 dólares al año durante una década podría recibir cerca de 98,000 dólares si requiere cuidados a los 75 años.
Tanto las aportaciones obligatorias como los beneficios de Washington Cares son relativamente modestos.
No obstante, para las personas mayores y quienes viven con alguna discapacidad, estos recursos pueden ayudar a cubrir distintos servicios, entre ellos atención domiciliaria, transporte, programas de cuidado diurno para adultos, modificaciones en la vivienda como la instalación de rampas o barras de apoyo, compensación para familiares que actúan como cuidadores y gastos relacionados con residencias asistidas o asilos.
Antes de la creación del programa, Haggett había considerado contratar un seguro privado de cuidados a largo plazo, pero decidió no hacerlo debido a su elevado costo.
Además, le preocupaba que las primas pudieran aumentar con el tiempo, lo que implicaría aceptar pagos impredecibles durante años.
Haggett reconoce que Washington Cares no cubrirá la totalidad de los gastos que podría enfrentar si necesita atención prolongada. Debido a que ya tenía más de 60 años cuando comenzaron las deducciones salariales en 2023 y planea jubilarse dentro de dos años, solo podrá acceder a la mitad del beneficio vitalicio.
Aun así, considera que recibir 18,250 dólares para cubrir parte de esos cuidados ayudaría a proteger los ahorros familiares y aliviaría la carga económica para su esposa.
El estado de Washington ha trabajado durante aproximadamente una década para poner en marcha este programa, que incluso ha superado dos intentos de ser eliminado o debilitado mediante votaciones estatales.
Ahora, otros estados siguen de cerca su desarrollo.
Una necesidad para la que pocos están preparados
Se estima que siete de cada diez estadounidenses necesitarán algún tipo de cuidado a largo plazo en algún momento de su vida.
Sin embargo, según Cathleen MacCaul, directora de defensa de AARP en el estado de Washington, la mayoría de las personas no ha planificado ni ahorrado para afrontar esos gastos.
MacCaul explicó que muchas personas creen erróneamente que Medicare cubrirá este tipo de atención. En realidad, aunque Medicare financia servicios médicos, rara vez cubre los cuidados prolongados, ya sea en el hogar o en instituciones especializadas.
Por otra parte, Medicaid sí financia este tipo de atención, pero únicamente para personas con ingresos y patrimonio muy limitados.
Richard Frank, director del Centro de Política Sanitaria de la Institución Brookings, señaló que muchas familias de clase media quedan excluidas de Medicaid o deben gastar prácticamente todos sus bienes antes de reunir los requisitos para recibir ayuda. Incluso cuando califican, con frecuencia enfrentan largas listas de espera para obtener atención domiciliaria.
Frank describió el cuidado a largo plazo como una de las mayores necesidades sanitarias desprotegidas en Estados Unidos.
Un mercado privado cada vez más reducido
Los intentos previos por crear un sistema público de seguro para cuidados prolongados no han prosperado.
En 2010, la Ley de Cuidado de Salud Asequible incluyó la denominada Ley CLASS, impulsada por el senador Ted Kennedy, que proponía un programa voluntario de seguro de cuidados a largo plazo. Sin embargo, la administración del entonces presidente Barack Obama concluyó que el proyecto no era financieramente viable y nunca llegó a implementarse.
Mientras tanto, el mercado privado también se ha reducido considerablemente.
Varias de las principales aseguradoras, como Genworth, John Hancock y MetLife, abandonaron este segmento debido a las pérdidas económicas ocasionadas por la baja rentabilidad de sus inversiones tras la Gran Recesión y porque menos asegurados de lo previsto cancelaron sus pólizas.
Claude Thau, responsable de la encuesta anual de Milliman sobre seguros de cuidados a largo plazo, explicó que el aumento de las pérdidas llevó a muchas compañías a retirarse del mercado.
Como consecuencia, las primas aumentaron de forma importante, lo que desalentó a muchos consumidores. Además, Thau estima que aproximadamente una de cada seis personas interesadas no logra obtener una póliza debido a problemas de salud.
En 2024, menos de 35,000 estadounidenses adquirieron un seguro independiente de cuidados a largo plazo, una cifra muy inferior a las aproximadamente 235,000 pólizas vendidas en 2010, según datos de LIMRA.
Milliman estima que una persona de 60 años que adquiera este tipo de seguro podría recibir alrededor de 369 dólares diarios cuando cumpla 80 años, aunque el costo promedio anual de una nueva póliza independiente asciende a 3,265 dólares, una cantidad que resulta difícil de asumir para muchas personas cercanas a la jubilación.
Ante la disminución en la venta de seguros tradicionales, las aseguradoras han comenzado a ofrecer productos que combinan cobertura para cuidados a largo plazo con seguros de vida o anualidades. Aunque estas pólizas han ganado popularidad, LIMRA estima que solo el 3 % de los estadounidenses mayores de 50 años cuenta actualmente con algún tipo de seguro de cuidados prolongados.
Crece el interés por soluciones públicas
La falta de cobertura ha impulsado nuevas propuestas para desarrollar mecanismos públicos que protejan a la población frente a los elevados costos del cuidado prolongado.
En mayo, el senador Ron Wyden, de Oregón, junto con otros 16 senadores demócratas, envió una carta en la que calificó esta situación como una auténtica emergencia nacional.
El documento propone, entre otras iniciativas, establecer una garantía de atención domiciliaria para los beneficiarios de Medicare. Sus promotores esperan presentar un informe más detallado en otoño y un proyecto legislativo a principios del próximo año.
Por su parte, un informe elaborado por la Institución Brookings plantea ampliar Medicare para ofrecer cuidados prolongados en el hogar con subsidios ajustados a la capacidad económica de cada beneficiario.
Los autores estiman que alrededor de 8.2 millones de estadounidenses podrían beneficiarse de una medida de este tipo, una cifra considerablemente superior a la población que actualmente reúne los requisitos para recibir atención domiciliaria a través de Medicaid.
En la Cámara de Representantes, Tom Suozzi, demócrata por Nueva York, y John Moolenaar, republicano por Michigan, presentaron una propuesta para crear un seguro federal destinado a cubrir los costos catastróficos de cuidados prolongados en adultos mayores con discapacidad.
El programa obligaría inicialmente a los beneficiarios a cubrir parte de los gastos con recursos propios o mediante seguros privados antes de acceder a una prestación federal mensual.
No obstante, los defensores de estas iniciativas reconocen que, dadas las condiciones políticas actuales, es poco probable que prosperen en el corto plazo.
Taylor Harvey, portavoz del Comité de Finanzas del Senado, afirmó que la propuesta de la administración Trump para reducir significativamente el presupuesto de Medicaid ha complicado aún más la posibilidad de ampliar el acceso a los cuidados prolongados.
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