— Agencias 13/07/2026
Una jueza dictó prisión preventiva justificada contra Yahleel "N", exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas; sin embargo, un amparo promovido por su defensa evitó que ingresara de inmediato a un centro penitenciario.
La audiencia inicial contra Yahleel "N", exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, concluyó con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. No obstante, la exfuncionaria abandonó el Centro Integral de Justicia en libertad luego de que un amparo suspendiera temporalmente la ejecución de dicha medida. La resolución sobre su posible vinculación a proceso será definida en los próximos días.
Fiscalía solicitó prisión preventiva
Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló la imputación formal contra la exfuncionaria y solicitó su vinculación a proceso por los delitos que le atribuye.
El Ministerio Público también pidió la imposición de prisión preventiva justificada al considerar que existía riesgo de nuevas demoras en el procedimiento judicial.
Jueza concede la medida, pero amparo suspende su ejecución
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza de control resolvió imponer la prisión preventiva justificada para garantizar la comparecencia de la imputada durante el proceso.
Sin embargo, la defensa obtuvo una suspensión mediante un juicio de amparo, por lo que la medida no pudo ejecutarse de forma inmediata y Yahleel "N" salió en libertad mientras continúa el proceso legal.
Defensa solicita plazo constitucional
La audiencia no concluyó con una resolución sobre la vinculación a proceso, ya que la defensa solicitó el plazo constitucional de 144 horas para responder a la imputación presentada por la Fiscalía.
Será al término de ese periodo cuando la autoridad judicial determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a la exfuncionaria.
Investigación registra diversos aplazamientos
De acuerdo con la información del caso, el expediente ha registrado diversos diferimientos en los últimos meses debido a recursos legales promovidos por la defensa, cambios de representación jurídica, justificantes médicos y solicitudes de aplazamiento.
El caso ha generado interés público debido a que involucra a una exintegrante del gabinete del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y presuntas irregularidades administrativas durante su gestión.
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