— Raúl Rodríguez Cortés 12/07/2026
¿A quién o a quiénes debe atribuírseles la responsabilidad de haber entregado a Estados Unidos al piloto mexicano que trasladó a ese país al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada cuando ya estaba detenido en México y era una valiosa fuente de información sobre el rapto del cofundador del Cártel de Sinaloa cuya autoría apunta cada vez con más claridad hacia una operación encubierta del FBI en territorio mexicano jamás notificada al gobierno de Claudia Sheinbaum?
Tras aterrizar el 25 de julio de 2024 en un aeródromo privado de Nuevo México con “El Mayo” y Joaquín Guzmán López -quien lo había engañado y traicionado justo el mismo día en que las autoridades estadounidenses cambiaron medidas cautelares para mejorar las condiciones de reclusión de Ovidio Guzmán Salazar, también hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”- el piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda fue deportado a México.
Aquí continuó con sus actividades delictivas hasta que fue detenido en flagrancia y posteriormente entregado a la justicia norteamericana, ante la que aceptó trabajar para “Los Chapitos”.
¿Nadie se percató de quién se trataba? ¿Se le interrogó aquí sobre la extracción de “El Mayo”? ¿Por qué permanece bajo reserva información sobre el lugar dónde se encuentra? ¿Alguien podría confirmar si está vivo o muerto?
De acuerdo con el fiscal regional David Boone de la Garza, fue la FGR la que ordenó la entrega a Estados Unidos del piloto Núñez Ojeda. Si eso ocurrió antes del 3 de diciembre de 2025, fecha en que asumió la fiscal general Ernestina Godoy, la responsabilidad de la entrega del piloto recaería en Alejandro Gertz Manero, quien hasta ese día fue fiscal general de la República.
Se dice que el misterioso piloto fue entregado como parte de alguno de los tres grupos que sumaron 92 convictos. La primera entrega fue 27 de julio de 2024, dos días después de la extracción de “El Mayo” y la segunda el 13 de agosto de 2025. En estas dos, el titular de la FGR era Gertz. Pero la tercera entrega fue el 20 de enero de 2026, cuando Godoy llevaba ya casi dos meses como fiscal general.
Sin embargo, por gestión y resultados la responsabilidad parece apuntar más hacia Gertz Manero. No son pocos los casos de corrupción y crimen organizado que dejó sin resolver el hoy embajador de México ante el Reino Unido.
No consiguió sentencias condenatorias contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los sobornos de Odebrecht y la fraudulenta compra de AgroNitrogenados a Alonso Ancira. Tampoco las logró ni en el millonario peculado de Segalmex (uno de los más escandalosos casos de corrupción en el sexenio de AMLO), ni en la llamada Estafa Maestra ni en los casos del huachicol y el huachicol fiscal.
La gestión del extitular de la FGR también quedó marcada por la reapertura de casos históricos como el del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y la acusación a José Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN como segundo tirador, lo que acaba de desechar un tribunal por falta de pruebas y prescripción de la acción penal; y el de Ayotzinapa, que derivó en la imputación del exprocurador general Jesús Murillo Karam, quien continúa su proceso en prisión domiciliaria en espera de sentencia.
Por eso la pregunta: ¿la entrega del piloto de “El Mayo” Zambada fue otra pifia de Gertz?
Instantáneas:
1. CIBANCO: LIQUIDACIÓN Y EMBARGO. El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México declaró procedente la liquidación judicial de CIBanco, tras concluir que sus activos son insuficientes para cubrir la totalidad de sus pasivos. Paralelamente, la minoría accionaria de la sociedad Tenedora CI exigió por escrito una rendición de cuentas ante presuntas irregularidades en el remate de activos por cientos de millones de pesos, proceso que, informa, ha operado la firma Álvarez & Marsal México bajo la supervisión directa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). A este escenario legal se suma la orden del Poder Judicial capitalino de embargar por 500 millones de pesos a los exdirectivos Jorge Rangel de Alba Brunel, Salvador Arroyo Rodríguez y Roberto Pérez Estrada, quienes encabezaban el mando de un banco que el Tesoro de Estados Unidos identificó en junio de 2025 como una preocupación principal en lavado de dinero. El requerimiento entregado por la minoría de accionistas señala de forma dos transacciones multimillonarias realizadas el 2 de septiembre de 2025 sin haber notificado o consultado con la Asamblea de Accionistas. La primera de ellas corresponde a una escisión de CIBanco que traspasó activos, pasivos y derechos a otra sociedad por un valor de 638 millones de pesos. La segunda operación consiste en una cesión a otra entidad financiera de derechos de cobro de créditos vigentes, vencidos y litigiosos por un monto de 767 millones de pesos, existiendo señalamientos de que al menos una cartera se transfirió con un descuento fuera de mercado superior al 20 por ciento.
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