— Agencias 09/07/2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió las comunicaciones diplomáticas intercambiadas con el Gobierno de Estados Unidos tras las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados en una acusación presentada en Nueva York.
Los documentos publicados por la SRE muestran que el Gobierno de México expresó su inconformidad por la difusión pública de la acusación penal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York antes de que concluyeran los procedimientos de cooperación judicial y extradición.
Estados Unidos solicitó la captura de diez funcionarios
De acuerdo con la documentación oficial, el 28 de abril de 2026 las autoridades estadounidenses solicitaron a México la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
Un día después, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA hicieron pública una acusación por delitos relacionados con narcotráfico, armas y, en uno de los casos, secuestro con resultado de muerte.
Entre las personas señaladas se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de mandos y exmandos de corporaciones de seguridad.
Las autoridades estadounidenses precisaron que las acusaciones forman parte de un proceso penal y que los involucrados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
SRE manifestó inconformidad por la difusión del caso
En un oficio fechado el 30 de abril de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó a la Embajada de Estados Unidos en México su preocupación por la publicación de los nombres de los acusados y del contenido de la acusación penal.
La Cancillería argumentó que esa información estaba relacionada con procedimientos de cooperación judicial y extradición aún en curso, por lo que consideró que su difusión podía afectar el desarrollo de los procesos.
México insiste en actuar conforme al debido proceso
Como parte de los documentos difundidos, la SRE incluyó una ficha con la postura oficial del Gobierno mexicano.
En ella se establece que México no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero subraya que cualquier acción penal deberá sustentarse en pruebas suficientes y desarrollarse conforme al marco jurídico nacional.
Asimismo, recordó que las solicitudes estadounidenses fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de analizar las evidencias y determinar los procedimientos correspondientes.
Cooperación con respeto a la soberanía
La Cancillería reiteró que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos en materia de procuración de justicia.
Sin embargo, enfatizó que las investigaciones, detenciones y posibles extradiciones deberán resolverse conforme a la Constitución y las leyes mexicanas, respetando la soberanía nacional y el debido proceso.
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