— Agencias 09/07/2026
El caso de Yeritza Bautista Cortés volvió a generar debate luego de que un tribunal reclasificó el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar, decisión que permitió la liberación del acusado y dejó sin efecto las medidas de protección con las que contaba la víctima.
Después de más de seis años de proceso judicial, el hombre acusado de agredir a Yeritza Bautista Cortés recuperó su libertad tras una resolución de segunda instancia que modificó la clasificación del delito. La decisión también provocó el retiro de las medidas de protección otorgadas a la víctima, quien manifestó su preocupación por su seguridad.
Yeritza Bautista denunció dos agresiones
De acuerdo con el testimonio de Yeritza Bautista, la primera agresión ocurrió durante una discusión, donde aseguró haber recibido múltiples golpes que le provocaron la pérdida de cinco dientes y diversas lesiones.
Semanas después, relató que sufrió un segundo episodio de violencia, en el que presuntamente fue víctima de un intento de estrangulamiento, hecho que originó la investigación penal.
Tribunal modificó la clasificación del delito
Durante el proceso, dos resoluciones judiciales mantuvieron la acusación por tentativa de feminicidio.
Sin embargo, en una etapa posterior, un tribunal determinó reclasificar el caso como violencia familiar.
Debido a que el acusado permanecía en prisión desde 2020 y ya había cumplido la pena correspondiente al nuevo delito, los magistrados ordenaron su liberación inmediata.
La víctima quedó sin medidas de protección
Como consecuencia de la resolución, también dejaron de aplicarse las medidas de protección que resguardaban a Yeritza Bautista.
La decisión generó preocupación entre especialistas y organizaciones que dan seguimiento a casos de violencia de género.
Especialistas cuestionan la resolución
La especialista Bárbara Iyán consideró que el análisis judicial debió incorporar una perspectiva de género y valorar el contexto de violencia denunciado durante el proceso.
También expresó preocupación por el retiro de las medidas de protección, al señalar que la seguridad de la víctima debe seguir siendo una prioridad mientras continúan las consecuencias del proceso judicial.
El caso ha reavivado el debate sobre la forma en que se investigan y juzgan los delitos relacionados con violencia contra las mujeres y la aplicación de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales.
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